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Señor Director:
La educación es ampliamente reconocida como fundamental, no sólo para transmitir conocimiento, sino también para fomentar la integración, formar hábitos y prevenir riesgos psicosociales. Sin embargo, mientras las comunidades escolares enfrentan tareas cada vez más complejas, los colegios deben lidiar con un Estado que exige constantes actualizaciones normativas sin prepararse adecuadamente para ellas.
En mediaciones ante la Dirección del Trabajo por la Ley Karin, se han detectado graves omisiones. En un caso reciente, un docente denunció violencia tras un incidente con estudiantes, lo que derivó en una doble gestión por acoso laboral y convivencia escolar. Durante la mediación, se expusieron nombres e información confidencial de las niñas involucradas. ¿Cómo es posible que los organismos del Estado no estén preparados para proteger lo que exigen a las comunidades escolares defender?
Directivos escolares han sido citados por la Superintendencia de Educación para justificar gastos rechazados, pese a que la evidencia ya había sido entregada por el colegio, pero no estaba disponible para el fiscalizador. Tres directivos perdieron una mañana en esta gestión, apartándose de temas relevantes para el colegio, debido a la ineficiencia de los procedimientos internos de la SIE.
Los colegios, ya sobrecargados por numerosos protocolos, deben además subsidiar las incompetencias del Estado.
Es urgente abandonar la desconfianza hacia las escuelas, superar la autocomplacencia estatal y exigir más no solo a las comunidades y privados, sino también a la labor pública. Es momento de construir un sistema que permita a colegios públicos y privados centrarse en lo esencial: la educación y el bienestar de sus estudiantes.
Yalile Said
Directora general de Certum
