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En medio de la controversia provocada por los planes de pago propuestos por las Isapres a sus afiliados en el marco de la ley corta aprobada por el congreso -algunos de los cuales fijan cuotas inferiores a $1.000 mensuales-; el consejo consultivo creado durante la discusión de la normativa se presentó ayer ante la comisión de Salud del Senado.
Paula Benavides, miembro del consejo, abordó el tema de la devolución y el pago de la deuda. Comentó que se recomendó a la Superintendencia de Salud considerar la posibilidad de establecer un monto mínimo de pago mensual para los afiliados, con el objetivo de garantizar un proceso eficiente que favorezca a los usuarios.
Más allá de la solución que pueda haber, los principales responsables de esta normativa “mal hecha” han sido los políticos, tanto el gobierno, como el oficialismo y la oposición, que no fueron capaces de legislar en pro de los ciudadanos.
Es más, ninguno de estos sectores ha realizado un ‘mea culpa’.
Desde el Ejecutivo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recordó que “aquí lo que surgió fue fruto de un acuerdo con el parlamento que se gestó en la comisión mixta, y que fue ratificado por ambas cámaras, y de lo cual los parlamentarios de Chile Vamos no se pueden desentender”,.
La secretaria de Estado sostuvo que “esto de emplazar al Gobierno de las consecuencias de una ley de la cual ellos fueron parte y en la cual promovieron la extensión de los plazos de 10 a 13 años es algo que es parte de los hechos, de la verdad, y que no se puede desmentir”.
Distinto opina el senador de la UDI por Ñuble, Gustavo Sanhueza. “La ley corta nació para evitar que colapsara el sistema de salud en su conjunto, arrastrando a los prestadores y perjudicando a los usuarios. Recordemos que el Ejecutivo desestimó al comienzo diversas soluciones, como la mutualización propuesta por la comisión de expertos convocada por el senador Juan Luis Castro y la comisión de Salud del Senado, con integrantes transversales, como el exministro Emilio Santelices y Cristóbal Cuadrado. También hubo una propuesta de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que no fue escuchada. Dado que el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva en leyes relacionadas con materias de seguridad social, el congreso ratificó una propuesta que no era popular, pero permitía sostener el sistema de salud en su conjunto, evitando un efecto dominó en el ámbito público”, sostuvo.
Desde el oficialismo, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, quien durante la tensa y difícil tramitación de la ley corta de Isapres recurrió al Tribunal Constitucional junto a gran parte de los senadores de oposición, por considerar “aberrante” la decisión que se tomó en el Senado de rebajar a más de la mitad los pagos que las Isapres tenían que hacer a todos sus afiliados por los cobros indebidos (la denominada ‘mutualización’); alzó la voz por los pagos “a trece años”.
“Las Isapres vulneran el espíritu de la ley de devolución de los cobros indebidos a los afiliados al aplicar de manera engañosa la fórmula de pago: trece años y ciento cincuenta y seis cuotas significa un abono mensual burlesco e irrisorio, actuando en el límite de lo legal”, manifestó.
“Es prerrogativa del Ejecutivo”
Desde la Cámara, tampoco se asume el error. “Las leyes sobre seguridad social son facultades exclusivas del Presidente de la República, y desentenderse de aquello es totalmente irresponsable. El gobierno es quien propuso la ley corta de Isapres. Esperamos que se avance en una solución lo más pronto posible, disminuyendo los plazos de pago, y por supuesto, estableciendo un monto mínimo razonable”, manifestó la diputada de la UDI, Marta Bravo.
Según la representante del PSC, Sara Concha, “los planes de devolución fueron aprobados por la Superintendencia de salud y también por el consejo consultivo propuesto por este gobierno, por lo cual ahora el Ejecutivo no puede hacerse el desentendido y culpar a la oposición de lo que está pasando. Se deben hacer cargo, ya que por cómo quedó la ley, las devoluciones están siendo una burla para miles de personas y se debe reparar sin duda, por lo que también creo importante avanzar en soluciones. El gobierno perfectamente podría no haber autorizado los planes de pago a tan largo plazo para montos menores, por lo que ahora debemos avanzar en buscar nuevos planes de pago. Tenemos que ser conscientes de que si no abordamos esta temática hoy, el problema a futuro puede ser mucho peor”.
En tanto, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, manifestó que “el gobierno, para variar, trata de deslindar responsabilidad diciendo que el congreso tiene algún grado de responsabilidad en los pagos bastante bajos de parte de las Isapres, cuando el congreso no tiene ninguna atribución para hacerlo. El congreso no tiene atribuciones en materia de seguridad social, ni en pensiones, ni en salud. Y el gobierno fue quien no tomó la recomendación de los expertos y que había sido acogida por el Senado y finalmente el Tribunal Constitucional lo objetó, y por eso quedamos con un pago a 13 años de devoluciones, que son bastante bajas, pero sin duda fue la única forma de evitar la implementación del fallo de la Corte Suprema y que implicara un desplome de las Isapres”.
El legislador recalcó que según las cifras que entregó la Superintendencia de Salud, el 97,2% de los ingresos de las Isapres durante el semestre del 2024 era para financiar prestaciones y licencias médicas. “Por lo tanto, era poco factible con el margen que le quedaba pagar una deuda de 1.200 millones de dólares. Entonces, hay que tener sentido de realidad para poder legislar. El gobierno presentó un proyecto y el congreso lo aprobó porque no quedaban muchas alternativas. Por lo tanto, había otra alternativa que era simplemente dejar caer el sistema, y eso colapsaba el sistema no solamente privado de salud, sino que el sistema público de salud”, recalcó.
