Una señal inequívoca del deterioro económico, y particularmente del mercado laboral, es el rápido crecimiento de la informalidad laboral, un fenómeno característico de las economías subdesarrolladas y que genera variados costos para la sociedad. En la región de Ñuble, la tasa de ocupación informal llegó 33,7% en el trimestre julio-septiembre, la segunda más alta del país.
En Ñuble hay 70.987 personas que trabajan en la informalidad, es decir, uno de cada tres ocupados en la región es informal.
Es un fenómeno creciente desde el segundo semestre de 2020, de la mano de las menores restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 y la reactivación del consumo que se experimentó en los meses siguientes.
El alza de la informalidad da cuenta de la pérdida de dinamismo de la economía local y de la incapacidad de ésta de generar nuevos empleos formales, es decir, de mayor calidad, en una magnitud suficiente para absorber la fuerza de trabajo que sigue expandiéndose luego de terminada la emergencia sanitaria y las ayudas estatales.
La informalidad, sin embargo, no obedece a un único factor, como la recesión económica, sino que también responde a otros procesos, como los desajustes de la oferta y la demanda en el mercado laboral, los bajos salarios en el mundo formal en términos relativos, la permisividad de las autoridades con ciertas actividades ilegales o la migración. Hoy es más fácil ser informal, y si el mercado formal no ofrece mejores salarios que trabajar por cuenta propia, el fenómeno seguirá en alza.
En la medida que los países tienen más informalidad, la calidad de vida de sus habitantes disminuye de manera considerable, porque se pierden todos los beneficios que significa estar en el mercado formal, como la seguridad de un trabajo, los derechos laborales, las cotizaciones previsionales o el seguro de cesantía, entre otros. Son bien conocidas las consecuencias negativas de la informalidad, como la desprotección de los trabajadores y los consumidores, la competencia desleal para los negocios formales y la evasión tributaria.
Hay una evidente brecha de competencias en la fuerza de trabajo local, es decir, hay un desajuste entre lo que demandan las empresas y la oferta de mano de obra, un desafío que requiere un compromiso contundente de parte de las propias empresas, del Estado y de las personas, en un escenario de cambios tecnológicos.
Pero también hay un rezago en materia de inversiones productivas que generen empleos de calidad en la región, lo que no solo se puede atribuir al contexto económico nacional, sino que también a las ya conocidas debilidades de la región para la atracción de inversiones, un desafío que también exige el compromiso de las autoridades regionales y de las empresas, pero fundamentalmente de liderazgos que sean capaces de defender proyectos emblemáticos para la región y de levantar iniciativas innovadoras que apunten hacia el objetivo de un desarrollo económico sustentable.
