Puntualmente, a las 8.30 horas de este miércoles, el tribunal en pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán, presidido por el ministro Guillermo Arcos, revisó la causa de solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Chillán, en contra del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, a quien -mediante esta moción- busca poder formalizar por delitos de cohecho, supuestamente cometidos en 2019, cuando la autoridad regional dirigía la repartición regional del Serviu.
Tras la presentación y lectura de antecedentes, a cargo del secretario de la corte, abogado Gabriel Hernández, se le otorgó 15 minutos tanto al abogado asistente de la Fiscalía, Francisco Soto, como al defensor del gobernador, Enrique Aldunate. Posteriormente, el pleno se retiró a deliberar y “en sesión privada adoptó una decisión y encargó a la ministra Paulina Gallardo García, ministra titular de esta Corte de Apelaciones para la redacción del fallo”, dijo a los medios locales, el secretario Hernández.
El relator añadió que “dicho fallo se dará a conocer el día 15 de octubre, a las 10 de la mañana”.
El gobernador, Óscar Crisóstomo, es investigado por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, “en el marco de la obtención de subsidios habitacionales para la construcción de viviendas rurales, respecto de personas que viven en las comunas de Cobquecura y San Fabián”, precisó el abogado Soto.
El asesor de la Fiscalía detalló que “él (Crisóstomo) habría recibido dinero para que una empresa constructora específica realizara la construcción de esas viviendas, lo cual configura la conducta penal de corrupción de particulares del artículo 287 bis del Código Penal”.
Por esta razón es que en la misma causa figura como coimputado el representante legal de la mencionada empresa constructora, quien también podría enfrentar una formalización por el delito de soborno, si es que la Fiscalía chillaneja supera el desafuero solicitado en el tribunal de alzada.
En el Ministerio Público, detallan además, que según sus indagatorias, Crisóstomo, habría aceptado recibir $22 millones 950 mil, a cambio de favorecer la contratación de esa empresa constructora.
“Lo anterior, en desmedro de otros potenciales oferentes para ejecutar la construcción de las casas y de los propios intereses de 17 beneficiarios de subsidios habitacionales del Estado”, explicaron mediante un comunicado de prensa.
“Llamativo”
Mediante el canal de comunicaciones del gobernador, la autoridad expuso que “ha quedado en evidencia la negligencia por parte del Ministerio Público, en cuanto a los tiempos en que ha llevado a cabo la investigación, esta no ha logrado acreditar nada de lo que originalmente se imputó a Óscar Crisóstomo”.
Además, se alude que tras tres años y tres meses de investigación, “la propia Fiscalía desestimó la mayor parte de los supuestos delitos que contenía, evidenciando la falsedad de las acusaciones por carecer de pruebas”.
Finalmente, acusa como “llamativo” el que la causa se haya reactivado en periodo electoral, considerando que Crisóstomo busca la reelección.
