Pendiente quedó ayer en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la votación en general de la reforma constitucional que introduce la posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales.
Esta se originó en cinco mociones refundidas presentadas en la Cámara, y en lo particular, incorpora a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional. Adicionalmente, agrega nueva causal de procedencia a su respecto.
Consultado sobre esta iniciativa, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, manifestó que cuando se creó la figura de los gobernadores regionales, “el legislador de la época no incorporó el cargo en el listado taxativo que contiene el artículo 52 N°2 de la Constitución Política de la República, pero incluyó normas en la propia Constitución y en la ley que hacían referencia a los gobernadores regionales en el proceso de acusaciones constitucionales, por lo que la intención inicial era incluirlo, entonces este proyecto viene a resolver esa omisión”.
Enmendar un error
Entre los diputados de Ñuble, el representante de RN, Frank Sauerbaum, recordó que en 2018 entró en vigencia la ley que establece la reforma a los Gobiernos Regionales y la elegibilidad de los gobernadores.
“Así, en el literal f) del artículo 23 de la Ley N°19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, quedó plasmada la posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales de conformidad con las normas previstas para ello en la Constitución. No obstante, hubo un error de dicha legislación, no se plasmó en la Constitución la procedencia de la acusación constitucional, y específicamente, las causales por las que es posible destituir a un gobernador, existiendo así un vacío para la procedencia de esta acción”, explicó.
En ese contexto, dijo, “esta iniciativa modifica la Constitución para introducir en dicho cuerpo normativo la procedencia y causales de acusación constitucional en contra de los gobernadores regionales. El texto propuesto por la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consta de un artículo único que modifica el numeral 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, incorporando la acusación Constitucional contra los Gobernadores Regionales y las causales de procedencia para la destitución: por infracción de la Constitución o las leyes, y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión”.
Según la legisladora del PSC, Sara Concha, “cuando veo todo lo que está aconteciendo en los gobiernos regionales de nuestro país con los distintos gobernadores regionales, como el caso Convenios, en que hay cientos de miles de pesos que todavía no sabemos dónde están, creo que es importante avanzar en una reforma como la que aquí se plantea. Es importante el debate que se está dando respecto de las acusaciones Constitucionales, porque tenemos que buscar la forma y la fórmula para poder recuperar la confianza que han perdido las personas, sobre todo en la administración pública de los recursos”.
Felipe Camaño (ind.-DC), quien está a favor el proyecto, cree que “es bueno que las autoridades políticas puedan tener algún tipo de control frente a sus actuaciones, y en ese sentido, no es extraño que podamos acusar Constitucionalmente a los gobernadores, si hoy hasta el Presidente de la república puede ser objeto de una acusación Constitucional. El cargo de gobernador es un cargo político, y por eso, debe responder políticamente, más aún cuando hoy siguen avanzando las investigaciones por financiamientos irregulares de fundaciones, y la gente espera que sus autoridades estén a la altura”.
UDI avala actuales herramientas
Desde la UDI, la visión sobre la iniciativa es distinta. La diputada, Marta Bravo, expresó que “existiendo ya un procedimiento para sancionar, creemos que se deben utilizar esas herramientas, manteniendo las facultades, en este caso, de los consejeros regionales”. Recordó que hace unas semanas, la gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo, fue destituida por el Tricel por notable abandono de deberes, acogiendo la solicitud de los 16 consejeros regionales del territorio.
Su compañero de bancada, Cristóbal Martínez, añadió: “me parece que existen muchas otras urgencias por resolver en el Congreso, antes de estar discutiendo este proyecto. Los chilenos están cansados de que perdamos el tiempo en este tipo de temas, y no en los urgentes, como las listas de espera, la educación o la falta de empleo. Por lo demás, en nuestra legislación ya existe un procedimiento para remover a los gobernadores regionales, que es a través de los consejeros regionales. Así ya se ha hecho en algunas regiones y creemos que debe ser el mecanismo a mantener”.
