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La Sala de la cámara baja aprobó el proyecto de ley que busca definir una regulación urbanística de asentamientos y barrios ante catástrofes que afecten a la población.
En particular, se modifican diversos cuerpos legales para dotar a la administración pública de mayores y mejores herramientas para reaccionar de manera eficaz a fenómenos consolidados en el territorio. Además, se promueve un enfoque preventivo.
En mayo de este año, se ingresó el mensaje del Ejecutivo. La iniciativa surgió por el contexto del megaincendio que afectó a tres comunas de la región de Valparaíso, en febrero pasado, y los problemas de reconstrucción generados.
Entre los fundamentos, el gobierno sostiene se encuentra desplegando todas las herramientas legales para responder a la catástrofe. Sin embargo, requieren nuevos instrumentos para factibilizar la reconstrucción urbana y habitacional.
Al respecto, el mensaje indica que se necesitan acciones preventivas para reducir factores de riesgo de desastres. Así como, normas que permitan abordar la irregularidad urbanística de las poblaciones y actualizar los instrumentos de planificación territorial.
Pilares del proyecto
La iniciativa presenta los siguientes ejes: Disponer mayor grado de operatividad a las leyes de excepción para la regulación de asentamientos. Establecer mecanismos de carácter temporal y simplificados para modificar Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). Modificar la Ley de Presupuestos 2024, para habilitar mecanismos de asistencia técnica en materia de inversión pública que realiza la Subdere a los municipios. Ello, en zonas declaradas de catástrofe.
Entre las modificaciones a las leyes de excepción, se incluye la ley de sismos. Al respecto, se precisan los efectos de la aplicación del artículo 43 que permite a las municipalidades la regularización de poblaciones declaradas en situación irregular en comunas afectadas por sismos o catástrofes.
También se introducen cambios en la normativa de administración de loteos declarados en situación irregular (Ley 16.741). Sobre el punto, se facilita la denuncia en caso de ocupaciones ilegales y se faculta la expropiación de terrenos disponibles en poblaciones en situación irregular para ejecutar obras de urbanización.
Respuesta a catástrofes
En el debate se valoró que se modifiquen leyes de excepción lo que permite avanzar y facilitar el proceso de reconstrucción en distintos lugares del país. Así como, destrabar nudos administrativos que impiden efectuar procesos de regulación de asentamientos irregulares de larga data, como los campamentos.
Sin embargo, diputados de oposición cuestionaron el proceso de expropiación a “justo precio” y las normas de notificación que se establece. Asimismo, la rectificación de deslindes de los terrenos.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que se busca avanzar en zonas de reconstrucción. Por otra parte, regularizar procedimientos cuando están involucrados recursos públicos. Es una regulación fast track, por ejemplo, para construir “pequeños condominios” que hoy no se pueden concretar por problemas de deslindes, incluso de centímetros, entre una propiedad y otra.
Respecto a la expropiación, dijo que se aplica la norma general con tasaciones del propio ministerio y donde los afectados pueden reclamar al juez si no están de acuerdo con el monto ofrecido.
Siguiente trámite en el Senado
Tras la probación en la cámara el proyecto pasará al Senado.
“Es un gran avance y esperamos que no se quede en el Senado, como muchos otros, que están durmiendo hoy”, dijo el diputado Félix González.
“Los que tienen hoy día el sartén por el mango son las inmobiliarias, que están pudiendo construir acá mismo en nuestra ciudad, muchas veces en humedales, en bordes de ríos, en zonas de quebrada. Entonces es importante seguir avanzando en materia legislativa para poder ordenar bien el territorio, porque la mayor parte de los conflictos que tenemos, sobre todo los conflictos ambientales, tienen que ver con una falta de planificación”, agregó.
También, González planteó que se debe legislar respecto de otro proyecto que fue ingresado con su patrocinio y que tiene que ver con declarar las zonas de dunas y de humedales como no edificables.