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Por segunda vez en dos semanas, la comisión de Agricultura recibió a representantes de los regantes del Laja-Diguillín, del canal Laja y de la Cámara de Turismo del Salto del Laja, quienes piden dejar sin efecto la resolución de la Dirección General de Aguas (DGA), que el 30 de agosto, incrementó en 46% los caudales que extrae desde el río Laja la Asociación de canalistas del canal Zañartu, organización presidida por Patricio Sabag Villalobos, hijo del exsenador, Hosain Sabag y hermano del exdiputado, Jorge Sabag.
En la sesión estaba prevista la intervención del director de la DGA, Rodrigo Sanhueza, pero éste se excusó y postergó su presentación para hoy.
Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de vigilancia del río Diguillín (JVRD), concurrió a Valparaíso en representación de los usuarios del canal Laja-Diguillín, y destacó la positiva recepción por parte de los parlamentarios, particularmente de Ñuble y de Biobío. También expusieron los abogados Carlos Ciappa y Marcelo Araya, de la Asociación de canalistas del canal Laja y de la JVRD.
El dirigente sostuvo que la DGA tuvo un cambio de criterio improcedente, al otorgar al canal Zañartu un aumento de caudal de 22,6 a 33 m3/s, pese a que en 2021 multó a dicha organización por extracción ilegal de aguas y pese a la sentencia de la Corte Suprema, que confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó la extracción ilegal de agua por sobre los 22,6 m3/s. De hecho, en diciembre de 2022, la DGA rechazó el recurso de reconsideración que había ingresado el canal Zañartu, por lo que el conflicto parecía zanjado.
“En la parte jurídica, la DGA no debió haber dictado la resolución del 30 de agosto, porque ya tenía otra ejecutoriada por la Corte Suprema; y al mismo tiempo, en la parte administrativa, ya estaba resuelta a través de un recurso de reconsideración que se le rechazó al canal Zañartu, entonces esta situación se fue a la Corte de Apelaciones de Santiago y está judicializada desde febrero, y la DGA, el 30 de agosto, sacó de oficio una resolución en que le reconoce 33 m3/s, que es una resolución complementaria, según la DGA, pero en realidad aumenta casi en 50% los caudales de agua”, detalló Saldías.
Comentó que, fruto de estas presentaciones, “los parlamentarios empezaron a pedir información al director general de Aguas para ver en qué se basa su resolución, que, a nuestro juicio, es completamente impertinente, antijurídica, tanto en lo legal como en lo técnico”.
“Somos los principales usuarios del canal Laja Diguillín, que es una obra de riesgo estatal; tenemos que defender sus derechos de agua porque es la única forma de que no se disminuyan los caudales que se han recibido durante 22 años”, enfatizó el juez de aguas.
Saldías explicó que recurrieron al Congreso porque, pese a las resoluciones judiciales y administrativas en contra, “el Canal Zañartu transformó este tema en algo eminentemente político, porque contrató a reconocidos abogados con mucha influencia política y con eso empezaron, por un lado, a influir en las autoridades de nivel central, y por otro lado, comenzaron a amedrentar a los altos funcionarios de la DGA de Santiago, con querellas por prevaricación y, al mismo tiempo, pidiéndole al director sumarios administrativos contra los que han demostrado que el canal Zañartu ha hecho ampliaciones de obras”.
