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Malestar existe entre alcaldes de Ñuble por la paulatina implementación de nuevas leyes sobre educación aprobadas en el Parlamento que, aseguran, vienen sin financiamiento. Tal déficit, sostienen, los obliga a inyectar recursos municipales que no tienen.
El reclamo quedó de manifiesto durante el último encuentro de la asociación de municipios del territorio Laja-Diguillín, al que también llegaron ediles de otras comunas de la región, aprovechando que estaban citados parlamentarios locales.
A la cita, acudió la mayor parte de los jefes de Daem quienes enumeraron las principales falencias detectadas por las administraciones municipales de educación.
Básicamente, enumeraron al menos seis leyes nuevas sin financiamiento, entre las que se cuentan la Ley 21.152 que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente; Ley 21.109 que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública; Ley 20.903 sobre carrera funcionaria docente y aumento de horas no lectivas; Ley 21.156, sobre obligación de disponer desfibriladores externos en establecimientos y la Ley 20.845 Ley de inclusión escolar. Todas las iniciativas legales, apuntaron, no cuentan con recursos desde el nivel central, por lo que deben los municipios desembolsar recursos para su implementación.
En opinión del alcalde de San Carlos, Hugo Gebríe, “a los municipios los pusieron a administrar la educación como una forma de ayudar de forma más eficiente y entregar un mejor servicio, pero los dineros deben ser entregados por el Gobierno de turno para implementar esos servicios, ahí es donde empiezan los problemas”, manifestó.
Escuelas rurales
Manuel Pino, alcalde de Ñiquén, también fue crítico. “Nosotros en la Asociación Punilla, empezamos a hacer un movimiento hace un tiempo atrás para abordar esta problemática que nos afecta en general en las comunas, sobre todo en las comunas rurales”, sostuvo.
