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La hipoacusia, una enfermedad que provoca la pérdida paulatina de la audición, es muy frecuente entre los trabajadores de la Región, con una incidencia altísima en los grados de incapacidad y secuelas permanentes. De hecho, es la principal causa de invalidez en esta zona y promedia 70% de las pensiones que son tramitadas por el Centro de Ergonometría y Salud Ocupacional. Lo mismo es ratificado en el artículo “Ruido Laboral y su Impacto en Salud”, publicado por los doctores Otárola y Finkelstein en la revista Ciencia y Trabajo, quienes afirman que esta enfermedad, causada por la exposición al ruido representa el 80% de las incapacidades permanentes en Chile.
A la gravedad de esta patología, capaz de producir problemas comunicacionales severos, se agrega la dificultad para probar su origen y certificarla como una enfermedad laboral, marginando a un número importante de trabajadores de tener indemnizaciones y pensiones por este cuadro.
En los últimos años el criterio utilizado por la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social ha sido no otorgar los beneficios a no ser que se cumplan una serie de requisitos que se hacen recaer sobre el trabajador, de tal manera que aquellos que no pudieron presentar exámenes de oído mientras estuvieron trabajando, no pueden tramitarlos. Actualmente, buena parte de estos casos han entrado en etapa de judicialización, encontrando dificultades adicionales como la escasa capacitación de los defensores.
La sordera está asociada principalmente a las áreas de la construcción y manejo de maquinaria pesada y según el estudio “Ruido Laboral y su Impacto en Salud” las grandes empresas trabajan con estándares internacionales que minimizan el “ruido laboral”. No ocurre lo mismo, sin embargo, con las Pymes, donde por una cuestión de costos las soluciones no son las adecuadas y apuntan a reubicación de los trabajadores afectados en áreas acústicamente menos contaminadas.
Pero la exposición a niveles de ruido peligrosos no es exclusiva de las industrias. Bocinas, frenadas violentas, gritos, caños de escape, obras en construcción o locales que promocionan sus productos son solo algunas de las fuentes de contaminación sonora que afectan a los habitantes de la ciudad y deterioran su calidad de vida.
Dentro del territorio chillanejo, los mayores índices de contaminación sonora se encontraron en el microcentro. Frente al mercado, por ejemplo, cuando hay taco y suenan las bocinas se superan los 100 decibeles, rango superior a los 80 decibeles, considerado el umbral máximo que pueda tolerar una persona sin sufrir daño.
La mayoría de los ciudadanos desconoce los perjuicios concretos, y muchas veces irreversibles, que produce un nivel alto de ruido. Por consiguiente, resulta necesario incentivar la preocupación sobre este tema. No se puede dilatar mucho más el comienzo de campañas públicas para promover la prevención temprana. Es un deber indelegable del Estado, pero el resto de la sociedad no puede soslayar el compromiso. Los informes de investigadores pueden seguir alertando, pero las conductas reparatorias solo podrán surgir de la sociedad en su conjunto.
