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Un alto tribunal en España rechazó tratar este jueves una querella conjunta de más de 2.000 taxistas contra plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber y Cabify, al no apreciar en su actividad delitos como estafa o alteración de precios.
Una asociación del sector del taxi, que acusa a los VTC de competencia desleal, introdujo en mayo en la Audiencia Nacional en Madrid la denuncia contra Uber y Cabify y las empresas que ceden a estas aplicaciones su flota de vehículos y conductores.
Específicamente, la querella los señalaba de estafa, blanqueo de capitales, administración desleal, manipulación para alteración del precio, delitos contra la hacienda pública y delitos contra el derecho de los trabajadores.
Pero la acusación “parte de una premisa falsa” al “considerar que la conducta desplegada por los querellados se ha producido en un mercado libre y carente de regulación, cuando no es así”, determinó en su auto la Audiencia Nacional.
El de los VTC es un sector “fuertemente intervenido y sometido a regulación estatal, autonómica y local”, que opera mediante licencias y en condiciones establecidas por las autoridades, por lo que no existe posibilidad de manipular precios ni “engaño” al consumidor, indicó el tribunal.
En consecuencia, dictó la “inadmisión a trámite de la querella”, una decisión que puede ser recurrida, según el auto.
En numerosos países, las aplicaciones de VTC han generado conflictos con el sector del taxi.
En España, los taxistas han sido particularmente activos: la asociación Elite Taxi consiguió en 2017 que la justicia europea fallara contra Uber y le obligara a operar con licencia de transporte.
Además, en el último año los taxistas protagonizaron importantes huelgas de varios días para reclamar a las autoridades que restrinjan su actividad.
En algunas ciudades como Barcelona o Valencia se aprobaron nuevas normativas que limitan notablemente la actividad de los VTC, obligándoles por ejemplo a contratar sus servicios con una antelación de entre 15 minutos y una hora.
