La reciente expulsión de dos ciudadanos colombianos en Chillán —uno de ellos con cinco causas judiciales por amenazas y lesiones graves— volvió a poner en el foco el trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Ñuble.
La revisión refleja una tendencia que va en aumento tanto en la zona como en el resto del país.
Según cifras oficiales, entre 2022 y 2026 la Región de Ñuble registra un total de 53 personas expulsadas del territorio, de las cuales 50 corresponden a decretos administrativos y tres a resoluciones judiciales. En el desglose regional por nacionalidades, predominan los ciudadanos de Bolivia (17) y Colombia (14), seguidos por nacionales de Venezuela (5), Ecuador (5), República Dominicana (4), Perú (3), Argentina (1), China (1), Cuba (1), Serbia (1) y Turquía (1).
En el contexto país, la evolución muestra un viraje drástico en los procedimientos administrativos. De acuerdo con los balances de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, mientras que en 2022 las expulsiones administrativas sumaron 31 casos en el territorio nacional, para el año 2025 la cifra escaló a 1.014 y, en lo que va de 2026 (al 28 de septiembre), ya alcanza las 1.564. Al sumar las resoluciones judiciales (160), el total en el país asciende a 1.724 deportaciones durante el presente año.
La directora regional del Sermig en Ñuble, Margot Insunza, explica que este incremento responde a una decisión de gestión y al refuerzo de las fiscalizaciones en terreno. “Hay mayor voluntad política, una mayor agilización de las expulsiones en todo el país en general, y prueba de ello es que se aumentó la cantidad de vuelos chárter, lo que no es barato”, detalla.
Respecto al trabajo local junto a las fuerzas policiales, Insunza destaca que “por otro lado se ha hecho un trabajo muy exhaustivo por parte de la PDI; este año han hecho 43 fiscalizaciones al comercio y a las empresas y llevan 1.401 personas fiscalizadas. Es por eso que este año ya llevamos 18 personas expulsadas, incluyendo a estos dos últimos casos de los colombianos”.
Los de mayor riesgo
Consultada sobre las prioridades al momento de coordinar una repatriación, la autoridad precisa que la prioridad se enfoca en personas de mayor peligrosidad, aunque sin descuidar las infracciones administrativas por ingreso por pasos no habilitados. “Normalmente se comienza por quienes representan un perfil de riesgo para la sociedad. Pero igual se expulsan por infracción a la ley de migraciones, que son las expulsiones administrativas, solo por el ingreso irregular, porque esto es algo que se sanciona también con la expulsión”, puntualiza.
Paralelamente, la directora detalla los trabas legales que enfrentan las resoluciones al ser recurridas en tribunales. Explica que los ciudadanos en proceso cuentan con un plazo de 10 días para interponer recursos administrativos o judiciales, escenario donde la Corte de Apelaciones local suele otorgar medidas de protección ante la presencia de menores o arraigo familiar y laboral. “La Corte de acá es muy garantista, pero nosotros siempre recurrimos a la Suprema hasta la última instancia”, afirma, destacando que el máximo tribunal suele fallar a favor del Sermig para permitir que la PDI concrete la salida definitiva del país.
