Excluyendo el caso Cuentas Corrientes, cuyos principales alcances se sintieron en Ñuble, entre 2023 y 2024, fueron formalizados más de una veintena de alcaldes en Chile.
Los años siguientes, la tendencia ha mostrado incluso incrementos estadísticos, más aún si se incluye a otros funcionarios municipales. Ñuble, claro, no ha sido la excepción.
Este 2026 ya se formalizó a uno (Jorge del Pozo, Chillán Viejo) y el tribunal ha informado que ya hay agenda fija para otras dos audiencias (Camilo Benavente, de Chillán y Wilson Palma, de Coihueco).
Sin embargo, desde que comenzó a regir en Ñuble el sistema procesal penal vigente, en 2003, a la fecha ya son 15 los jefes comunales que enfrentarán o ya han debido enfrentar a la justicia penal en un tribunal de la región.
Ellos son Lorena Jardúa (San Fabián), Rodrigo de La Puente (Bulnes), Felipe Aylwin (Chillán Viejo), Wilson Olivares (San Ignacio), Hugo Gebrie (San Carlos), Sergio Zarzar (Chillán), Alejandro Pedreros (Coelemu), César Figueroa (San Ignacio), Guillermo Yeber (Bulnes), Manuel Pino (Ñiquén), Víctor Toro (San Nicolás), Richard Irribarra (Quirihue), más los ya citados Del Pozo, Palma y Benavente.
Un análisis general del mapa local, permite advertir que –tal como ocurre en el resto del país- las imputaciones se dividen en dos grandes grupos: Aquellos relacionados con la probidad o ejercicio del cargo; y aquellos de índole personal, los que normalmente se traducen en delitos de carácter sexual o de manejo en estado de ebriedad. De todo eso ha habido en Ñuble.
“Sin embargo, rara vez estos casos terminan con condenas privativas de libertad”, advierte el abogado Roberto Gutiérrez, especialista en materias municipales.
De hecho, éste es efectivamente, el caso de nuestra región.
El jurista apunta a dos hechos que plantea como tesis (subjetivas, según él mismo admite) que han ido generando un patrón visible.
“Muchas veces, los equipos fiscales no cuentan con expertos en materias de administración pública y eso hace que sus acusaciones sean ambiguas o que no precisen con exactitud alguna figura penal; y por otro lado, muchos alcaldes, al contar con mayores recursos, contratan abogados especialistas en estas materias, quienes logran resolver algunos de estos casos, antes de llegar a un juicio oral”, explica.
En la misma línea, el penalista chillanejo, Rodrigo Vera Lama, quien ha sido defensor en los casos de Lorena Jardúa y en el de Chillán Viejo; y querellante en el caso del manejo en estado de ebriedad, contra Wilson Olivares, añade que “ese desconocimiento de la materia por parte de los persecutores ha hecho que la Fiscalía termine siendo condenada en costas, por parte del tribunal. Estamos hablando de montos millonarios por una investigación mal planteada”.
Lo que se viene este año
La denuncia más grave, dentro de los casos vigentes, es la que pesa en contra de Jorge del Pozo (violación); mientras que la de Palma, al ser abuso sexual por sorpresa y solicitud de personas, en el caso más gravoso, cumpliría cualquier condena en libertad.
En el caso de Benavente, a juicio de Vera Lama, “es extraño ese caso, porque se le acusa de un fraude, que es un delito económico. Habría que preguntarse si con los hechos investigados el alcalde aumentó su patrimonio personal, de lo contrario, veríamos otro juicio como el de Chillán Viejo, de mucho ruido pero con casi todos los acusados absueltos”.
Otros casos emblemáticos en el país, también se distribuyen en esos mismos dos grupos.
Por Fraude al Fisco y Malversación, están los juicios emblemáticos como los de Cathy Barriga (Maipú), Raúl Torrealba (Vitacura), Daniel Jadue (Recoleta), Juan Ramón Godoy (Rancagua), José Luis Yáñez (Algarrobo), además de jefes comunales en la Región de Ñuble como César Figueroa (San Ignacio) y Manuel Pino (Ñiquén).
Y de los delitos de connotación sexual, figuran casos como los de Alfonso Coke (Cunco) y Juan Carlos Reinao (Renaico).
