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Aumentan en 70% las expulsiones y cancelaciones de matrículas en colegios

La Defensoría de la Niñez reveló un preocupante incremento del 70,6% en expulsiones y cancelaciones de matrícula en establecimientos educacionales durante el periodo comprendido entre los primeros semestres de 2022 y 2023.

De acuerdo con el informe “Total de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes durante 2022 y 2023”, basado en datos proporcionados por la Superintendencia de Educación, los casos aumentaron de 276 a 471 en tan solo un año.

Una de las cifras más alarmantes corresponde a la región de Arica y Parinacota, que lideró en cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula en 2023, con una tasa de 0,73 casos por cada 1.000 estudiantes. Además, se identificaron comunas con altos promedios de casos por establecimiento, destacando Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Antofagasta y Arica.

El informe también reveló que, aunque la mayoría de los casos se concentran en la enseñanza media, un 35% del total de expedientes corresponden a estudiantes de educación básica, desde primero hasta segundo básico.

Entre las causas más recurrentes de estas medidas disciplinarias se encuentran las “agresiones a otros estudiantes” con un 33%, seguidas por la “transgresión reiterada de normas” con un 20%, “asociado al uso de armas” con un 13% y “hechos relacionados a drogas” con un 8%.

El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez destacó que no solo han aumentado las expulsiones, sino también las denuncias presentadas por estudiantes y familias ante la Superintendencia de Educación, con un incremento del 184% entre 2022 y 2023.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expresó su preocupación por la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, señalando que esto invisibiliza una realidad importante que debe ser monitoreada. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para revisar los procedimientos, incluyendo aquellos regulados por la Ley Aula Segura, y considerar la protección de derechos de todos los actores involucrados, así como las trayectorias educativas y los riesgos de la exclusión escolar.

 

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