Nadie podría cuestionar que, a diferencia de hace una década, hoy la ciudadanía es más activa, más crítica y demandante respecto del estado de su entorno, y de sus efectos en la calidad de vida. Los resultados de diferentes encuestas así lo confirman, como también que, por lejos, la principal preocupación de quienes viven en Chillán y Chillán Viejo es la saturación del ambiente respirable.
Sin embargo, la contaminación por uso de leña no afecta a todos por igual, tal como lo demostró un estudio realizado por la Universidad de Concepción, a partir de datos entregados por una medición móvil que permitió contrastar la información de los dos monitores existentes en la ciudad, con datos entregados por dos equipos que hicieron un amplio recorrido urbano que consideró Alonso de Ercilla, Los Puelches, Andrés Bello, Vicente Méndez, Paul Harris, Padre Hurtado, Ecuador, Martín Ruiz de Gamboa y Brasil.
La investigación concluye que existe una relación directa entre las condiciones socio-ambientales y la calidad climática de distintos barrios de la ciudad. De esta forma, la población con mayor nivel socioeconómico cuenta con mayor cobertura de áreas verdes, aislación térmica de sus viviendas y temperatura atmosférica en relación con los indicadores de los sectores más pobres, lo que da cuenta de lo que definen como “injusticia climática urbana”.
En este contexto, la zona sur de la capital regional muestra los mayores niveles de contaminación por material particulado 2.5, lo que es ratificado por la gente que allí vive. Es cosa de escuchar a los vecinos para confirmar que en ese sector los niveles de polución son altísimos y se ven alentados por una “cultura de la leña” y la ausencia de medidas que enfrenten el problema.
No obstante, siendo relevante el aporte que se pueda hacer desde el nivel comunitario para disminuir la contaminación, se requiere que las autoridades asuman su responsabilidad en este desbalance y propicien una mayor atención sobre la zona sur de Chillán y sus más de 70 mil habitantes.
Dotarla de instrumentos de medición que permitan generar información útil para orientar un posterior trabajo de prevención y fiscalización, debería ser un primer paso. Igualmente, se necesita sumar más espacios verdes de uso público. La Organización Mundial de la Salud establece que el mínimo debiese ser 9,2 m2 por persona para efectivamente contribuir a la disminución de material particulado y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, la zona sur-oriente es la más deficitaria, con 0,91 metros cuadrados por habitante (m2/hab).
El asunto es grave y a la vez complejo, ya que está asociado a prácticas extendidas que tienen implicancias económicas y sociales. Sin embargo, esas dificultades no pueden ser excusa para que el Estado no cumpla su rol de asegurar un aire limpio a todos los habitantes de la ciudad. Si toleramos que exista un amplio sector de nuestra población que respira una atmósfera envenenada porque no hemos sido capaces de visibilizar esa realidad, significa que implícitamente aceptamos que en Chillán hay ciudadanos de primera y segunda clase. Es otra versión de la inequidad, esta vez ambiental.
