Las nueve comunas que se ubican en el secano de Ñuble (Cobquecura, Coelemu, Quirihue, Quillón, Ránquil, San Nicolás, Ninhue, Trehuaco y Portezuelo) se ubican entre las 100 más pobres de Chile. Las tasas de desempleo son las más altas de la región, y las de acceso a servicios básicos y conectividad son más bajas. Un 7,5% de la población vive aislada y los caminos pavimentados no superan el 17%. Además, basta recorrerlas para observar las pocas posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes por la vía del desarrollo productivo, a menos que el Estado asuma un rol más protagónico. Lo anterior era precisamente la promesa que conlleva la declaración de Zona de Rezago para el Valle del Itata, que ya lleva 6 años desde su lanzamiento y que a la luz de sus pobres resultados y problemas, hoy es irónicamente denominada la “zona de las decepciones”.
Desde su creación en 2015 han pasado más de 10 profesionales, pero la mayor rotación se ha producido en la actual administración. Dos equipos completos de profesionales han sido removidos en menos de 3 años. A ambos les pasó la cuenta el perfil altamente político de sus integrantes, en desmedro de las competencias técnicas. Además cambió el énfasis y la cartera del período 2020-2023, que en un 94% se concentra en infraestructura habilitante, es decir agua potable rural (APR) y caminos.
Nadie podría discutir que las soluciones de agua potable son de máxima prioridad, lo mismo que los caminos, pero no por ello se deben abandonar otros aspectos que son importantes para el territorio, pero no lo eran para la autoridad regional designada. Eso es lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Hay una tensión entre decisiones centralizadas de la autoridad instalada en Chillán y las expectativas locales. Chocan la burocracia de alcance regional y los municipios y abundan los cuestionamientos por los escasos espacios de participación y consideración de sus propuestas.
Un segundo aspecto tiene que ver con las exigencias para los proyectos. La propuesta original era que dadas las condiciones de postración que presentan estas comunas, no tendrían que cumplir con los requisitos de otros sectores del país en cuanto a rentabilidad económica. Sin embargo, la promesa solo se ha cumplido a medias, y es frecuente ver cómo los parámetros de evaluación mantienen su rigidez.
Finalmente, un tercer aspecto que ha conspirado con las altas expectativas cifradas en esta iniciativa -que tuvo un positivo comienzo en el segundo gobierno de Bachelet- es que el programa se convirtió en un terreno fértil para los operadores políticos, que son los únicos para los cuales el empobrecido Valle del Itata se volvió una “zona de oportunidades”, como prefirió llamarla la actual administración.
La promesa para quienes allí viven se basaba en una combinación virtuosa de alto grado de gestión pública y participación ciudadana, pero en lo que terminó convertida fueron programas y equipos de trabajo demasiados vulnerables a los factores políticos, al centralismo en las decisiones y a incapacidades técnicas que finalmente han reducido su impacto en la solución de los problemas para los que fue creado.
