El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, acusó a los grupos ultraderechistas Proud Boys y Oath Keepers por el asalto del 6 de enero, donde murieron cinco personas y unos 140 agentes fueron agredidos.
La acción, que fue presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, busca que los responsables rindan cuentas por los daños “físicos y financieros” al Distrito de Columbia, donde está Washington, y que el 6 de enero fue escenario de una movilización de seguidores del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) que culminó con el violento asalto al edificio del Legislativo.
Los manifestantes irrumpieron en el Capitolio mientras se desarrollaba una sesión para confirmar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, en las que se impuso el actual gobernante Joe Biden.
El fiscal señaló que la demanda busca responsabilizar además a más de 30 de líderes de esas agrupaciones ultraderechistas “por conspirar para aterrorizar” al Distrito de Columbia, interferir “ilegalmente” con la transición pacífica de poder en el país y agredir a los oficiales que defendieron el Capitolio.
Indicó que la demanda se basa en diferentes leyes locales y federales, en particular en la Ley de derechos civiles de Estados Unidos de 1871, conocida como la Ley Ku Klux Klan (KKK).
Esa ley se aprobó 15 años después del fin de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) para proteger tanto a los afroamericanos liberados de la esclavitud como a los legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan (KKK).
En concreto, puntualizó Racine, los demandados han sido señalados por conspirar contra el Distrito de Columbia y sus agentes al planear, promover y participar en el “ataque violento contra el Capitolio”, y de causar “daños sustanciales y demostrables” en la ciudad y a los oficiales que “arriesgaron la vida” e incluso murieron.
La demanda se conoció un día después de que el comité de la Cámara Baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio acusara este lunes de desacato al que era jefe de gabinete de la Casa Blanca en el momento del ataque, Mark Meadows, por no cooperar con la indagación del ente legislativo, informó radio Cooperativa.
