El informe de la ONU, dado a conocer el viernes 12 de diciembre sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, es el tercero que se conoce por parte de organismos internacionales, después de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, se está a la espera de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El informe abarca principalmente el período comprendido entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, posterior al inicio de un movimiento social que se inicia cuando un grupo de jóvenes saltó las barreras del metro en Santiago, como forma de protesta por un alza en el valor de los pasajes anunciada el 4 de octubre de 2019.
Durante los días siguientes, cobran impulso evasiones masivas de tarifas, destrucción de torniquetes e infraestructura en más de una docena de estaciones del Metro; mientras efectivos de Fuerzas Especiales de la policía uniformada intentaba detener el estallido, mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública. La respuesta de la ciudadanía ante la fuerte represión de la que estaban siendo objeto principalmente los adolescentes del país, fue el inicio de protestas espontáneas y masivas que tuvieron lugar en casi todas las plazas de armas del país. La respuesta de la autoridad a las protestas, consistentes fundamentalmente en caceroleos y marchas, nuevamente fue la represión, intentando evitar que se ejerciera el legítimo derecho de reunión pacífica, que permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración democrática de sus sociedades.
El 18 de octubre, el Gobierno decretó Estado de Emergencia para la Región Metropolitana y el 19 de octubre se declaró Estado de Emergencia y Toque de Queda en Santiago, Valparaíso y Concepción; esto se extendió posteriormente a la mayoría de las regiones del país. El Estado de Emergencia en Chile permite restringir la libertad de movimiento y reunión, y establece que los militares pueden llevar a cabo funciones de seguridad pública.
En el Informe de las Naciones Unidas se considera que en su actuación, Carabineros y el Ejército no adhirieron a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza, dando cuenta de 26 personas fallecidas, 4 por acción directa de agentes del Estado, 2 estando detenidas y el resto en circunstancias que están aún siendo investigadas. Además, el número de personas lesionadas y que han buscado atención médica llegaría a 3.449, de las cuales 345 han sufrido daño ocular y dos han perdido completamente la vista en ambos ojos.
La ONU ha informado además sobre 133 actos de tortura y malos tratos, 24 casos de violencia sexual incluida violación y amenaza de violación. En la mayoría de estos casos, los presuntos autores son miembros de Carabineros. El extenso informe incluye también, arrestos ilegales y violaciones al protocolo de detención, todo esto en el “Chile del nunca más”. Estos informes internacionales nos dejan una gran tarea como país. Es de esperar que las autoridades asuman su responsabilidad, que los organismos de justicia operen y determinen responsabilidades y que el Estado de Chile asuma las recomendaciones que eviten que hechos de esta gravedad se repitan en nuestro territorio.
