Nuestro país celebra hoy un nuevo plebiscito para dirimir el futuro de una propuesta de Constitución. Se trata del segundo intento en los últimos cuatro años por modificar la Carta Magna, y del cierre de un proceso que se inició con el estallido social de octubre de 2019.
Serán 15,4 millones de ciudadanos y ciudadanas, 441 mil en Ñuble, los convocados a las urnas de manera obligatoria, en un contexto muy diferente al de septiembre de 2022, con un evidente cansancio electoral, y sin la épica y el dramatismo de aquella primera instancia.
El texto que será sometido a referéndum, a diferencia de lo ocurrido en el anterior proceso, fue redactado por una combinación de expertos escogidos por los partidos políticos con representación en el Congreso y por 50 representantes electos (as) por la ciudadanía. Esos comicios se realizaron en mayo de este año y le dieron amplia mayoría a la derecha conservadora, representada por el partido Republicanos. El resultado -y en eso sí hay coincidencias con el anterior proceso- no ha logrado conectar con la ciudadanía y ha sido objeto de cuestionamientos de diferentes sectores, políticos y académicos, al punto que tras la votación de hoy es posible que la Constitución de 1980, creada en la dictadura de Pinochet y reformada 147 veces, se mantenga.
El derecho a votar es fundamental para expresar nuestras opiniones, influir en las políticas y decisiones que afectan nuestras vidas y las de nuestra comunidad, y cuando se trata de la Constitución es un acto aún más significativo, ya que tendrá un impacto duradero en la sociedad y en la vida de las personas. En la Carta Magna se definen los valores y principios fundamentales del país, así como los derechos y libertades de sus ciudadanos, por lo que decidir cuál de los dos textos contribuye de mejor forma a definir esos valores y principios y asegura que representen los intereses de toda la sociedad, no solo de un grupo en particular, es la reflexión que hoy todas y todos deberíamos hacer.
El proceso de preparación individual para este nuevo hito de nuestra vida democrática implica leer con mente abierta la propuesta y confrontarla con la actual Constitución y con nuestra propia visión de la sociedad y del país. En apoyo de lo anterior resulta útil oír las opiniones de personas estudiosas del derecho constitucional y evitar las simplificaciones y discursos interesados en exacerbar conflictos, en uno u otro sentido. Igual de importante para sacar conclusiones contributivas a nuestra decisión es la veracidad de las informaciones que la nutren, una cualidad que ha estado amenazada por la mentira explícita, verdades a medias y narrativas distorsionadas.
Entonces, si partimos de la premisa de que nuestro voto influirá en el bien general, vale la pena hacer una introspección y preguntarnos por qué votamos hoy. ¿Votamos por el contenido del texto o por la interpretación que otros quieren que hagamos de él? Una respuesta a esta pregunta puede mostrarnos el viraje que debemos darle a nuestras decisiones en caso de que efectivamente necesite uno.
Como todos los plebiscitos, hoy en la urna estaremos frente a dos opciones: aprobar la propuesta del Consejo Constitucional impulsada por los partidos de la derecha; o rechazarla y legitimar la carta magna vigente que fue elaborada en la dictadura de Pinochet. Usted decide.
