Si bien el aumento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) eha permitido combatir el fuerte déficit habitacional del país, existe un segmento de la población que aún vive en campamentos, generalmente ocupaciones ilegales que han derivado en asentamientos irregulares de familias que no cuentan con título de dominio, alcantarillado, ni una construcción digna.
Según el último catastro nacional de Campamentos 2020-2021, estudio de la fundación TECHO-Chile y FV que levantó datos entre octubre 2019 y febrero 2021, tras el estallido social y la pandemia se produjo un aumento explosivo en el número de familias viviendo en estos asentamientos, alcanzando así un máximo histórico.
El documento indica que existe un total de 81.643 familias que habitan en 969 campamentos en el país, siendo éste el dato más alto desde el año 1996. En Ñuble la situación no es crítica como en otras regiones, pero amerita mucha atención y mayor celeridad en las soluciones.
En Ñuble hay 19 campamentos irregulares, de los cuales cuatro tendrían fecha de cierre este año, según ha anunciado el Minvu.
Desde la creación del programa Chile Barrio, en 1996, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a la fecha, el país ha avanzado bastante en reducir el número de campamentos, pero mientras se van inaugurando nuevos conjuntos habitacionales, se generan nuevas tomas y retomas de familias, sobre todo en momentos de crisis, como fue el shock económico internacional de 2008, y ahora la pandemia del covid-19.
La escasez de suelo, el incremento en el valor de los arriendos y el aumento de inmigrantes, han influido en un incremento del déficit de viviendas y marcan una nueva etapa en la erradicación de los campamentos, que exige una planificación adecuada para que no se repitan experiencias lamentables de años recientes, en que se generaron guetos que fomentaron la segregación socio-espacial que ya se observa en Chillán.
De igual forma, es necesario que mientras se avance en soluciones definitivas, se pueda trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en los asentamientos irregulares, con programas de inserción laboral, de acceso a servicios sanitarios, de combate al narcotráfico, de educación y de mejoramiento del entorno, pues un 34% vive en áreas de riesgo ambiental.
Los campamentos son un síntoma de una enfermedad extendida en Chile, que es la falta de acceso a la vivienda. Las cerca de 82 mil familias viviendo en ellos son la punta del iceberg, pues también hay una realidad invisible, que son más de 600 mil familias que viven allegadas o hacinadas, y muchísimas más si consideramos las que están bajo arriendos informales o abusivos.
No se trata, en suma, solo de entregar bonos y subsidios habitacionales a estas familias, sino que de contribuir a que sus hijos, en el futuro, accedan por sus propios medios a una casa propia. Es la gran deuda de la sociedad chilena con la dignidad de quienes han sido excluidos de los beneficios del modelo político-económico vigente los últimos 30 años.
