El gobierno español preparaba este miércoles su respuesta a las escenas de guerrilla urbana en Barcelona, que marcaron una radicalización de las protestas en Cataluña tras la condena a dirigentes independentistas por la fallida secesión en 2017.
En la tercera jornada de manifestaciones en esta rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes, miles de personas comenzaron a marchar desde cinco ciudades catalanas para converger en Barcelona el viernes, cuando tendrá lugar una huelga general y una concentración multitudinaria.
Un día después de los disturbios de la noche del martes, se prevén nuevas movilizaciones para la tarde del miércoles.
Tras condenar la violencia “generalizada” y aparentemente coordinada en Barcelona y otras ciudades catalanas, el gobierno del socialista Pedro Sánchez convocó a los líderes de los principales partidos para consultar la respuesta a dar.
Sánchez, quien en días pasados evocó la posibilidad de intervenir la autonomía regional como ya hizo la derecha en 2017 tras la fallida secesión, “no descarta ningún escenario” y actuará con “firmeza” y “proporcionalidad”, según fuentes del gobierno.
A la salida de su encuentro en el palacio de gobierno en Madrid, el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado exigió una serie de medidas excepcionales, entre ellas aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que pondría en manos del Estado las competencias en materia de seguridad de Cataluña.
A poco más de tres semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, las cuartas en igual número de años, Cataluña volvió al centro del debate político en España.
Las tensiones podrían incluso impactar el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona del 26 de octubre, que LaLiga de fútbol pidió que se traslade de Barcelona a Madrid ante las “circunstancias excepcionales” en la región.
