El reporte oficial, entregado el pasado jueves, nos dice que las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021. Este año, comparados los tres primeros trimestres, llegaron a 1.780 versus 1.592, el año pasado.
El gobierno prefiere ver la mitad media llena del vaso y ha dicho que este incremento reflejaría mayor conocimiento sobre dónde, cómo y cuando denunciar, y algo de eso hay, pero también no se puede desconocer que un correcto análisis no puede desconocer la cifra negra de denuncias, sobre todo en el mundo rural, donde el maltrato tiene un fuerte componente cultural.
La violencia que sufren las mujeres que viven en la ruralidad y que en varios aspectos es distinta y más perversa que la sufrida por mujeres de centros urbanos, motiva una necesaria pregunta sobre los factores que están influyendo en ella, a fin de entender sus particularidades y así darle un enfoque adecuado a las propuestas de solución.
Sin embargo, lo primero que se constata al analizar este fenómeno es que no solo ha permanecido invisible para la opinión pública, sino también para el Estado, que no tiene datos estadísticos desagregados sobre la pertenencia de las víctimas a comunidades en condición de ruralidad.
Pero si bien el Estado no ha generado información, existen trabajos académicos que iluminan sobre el tema. En general, hay bastante coincidencia en que el aislamiento es un factor clave, que impide que muchas mujeres sean socorridas oportunamente y se puedan aplicar las medidas cautelares en casos de denuncia.
El aislamiento, opinan expertos, también reduce las relaciones personales y de amistad, crea dependencia económica y afectiva y favorece el control y la dominación. Igualmente, medidas como la distancia obligada del agresor se tornan poco efectivas, pues la víctima pertenece a la misma comunidad.
Pero tan importante como el factor anterior es la naturalización de la violencia. Las mujeres rurales no denuncian, tampoco se habla del tema en las comunidades, sino que es algo que ocurre y se asume como parte de una mal entendida cultura campesina patriarcal. Si tomamos en cuenta que el 30% de la población de Ñuble vive en la ruralidad, prevenir y accionar sobre la violencia doméstica en el campo debería ser prioridad; y para ello no se necesitan presupuestos millonarios ni nuevas leyes. Generar mejores protocolos de atención en las postas y centros de salud comunales, crear equipos municipales de ayuda a las víctimas, alentar y proteger el derecho a denunciar, e instrumentar campañas de educación que desnaturalicen este tipo de tratos que, en muchos casos, siguen siendo tolerados por buena parte del mundo rural, son todas acciones básicas que las comunidades deberían incorporar.
La violencia de género es un problema del que debe tomar cuenta toda nuestra sociedad, la urbana y la rural. Necesitamos un cambio cultural que destierre el maltrato a las mujeres.
