El crimen de un estudiante en Calama conmocionó al país y reabrió con fuerza el debate sobre la violencia escolar en Chile. Lo ocurrido dejó en evidencia una preocupante normalización de conductas agresivas entre jóvenes, así como una creciente percepción de inseguridad al interior de los establecimientos educacionales. Sin embargo, reducir este fenómeno exclusivamente a lo que ocurre dentro de los colegios es una simplificación que impide abordar sus verdaderas causas.
Ñuble, lamentablemente, no está ajena a esta realidad. En 2025, dos agresiones protagonizadas por estudiantes encendieron las alertas de autoridades y comunidades educativas en la región, confirmando que la violencia escolar no es un problema distante ni excepcional. Se trata de una tendencia que comienza a instalarse con inquietante frecuencia, tensionando la convivencia y desafiando la capacidad de respuesta de los establecimientos.
Ante este escenario, el foco del debate público suele dirigirse hacia las escuelas: protocolos, sanciones, reglamentos y medidas de contención. Sin embargo, es necesario hacer una pausa y plantear una pregunta incómoda, pero imprescindible: ¿qué está ocurriendo en los hogares?
La escuela es, por definición, un espacio de formación académica y social, pero no puede reemplazar el rol primario de la familia en la enseñanza de valores, normas y límites. Cuando ese proceso falla en el hogar, las consecuencias terminan manifestándose en el aula. Hoy, con preocupante frecuencia, se observa una delegación de responsabilidades por parte de algunos padres, quienes trasladan a los establecimientos funciones que no les corresponden, tratándolos en la práctica como guarderías más que como comunidades educativas.
La experiencia internacional ofrece ejemplos que invitan a una reflexión más profunda. En Francia, el aumento de episodios de violencia juvenil ha llevado a endurecer la respuesta del sistema, con sanciones más severas para menores involucrados en disturbios y donde los padres deben hacerse responsable, económica y penalmente en ciertos casos. La señal es clara: la sociedad no está dispuesta a relativizar la violencia, ni a tolerar la impunidad.
Más contundente aún es el precedente que se ha instalado en Estados Unidos, donde se ha comenzado a establecer responsabilidad penal y económica para los padres por los delitos cometidos por sus hijos. El caso de Jennifer Crumbley, condenada por negligencia tras un tiroteo perpetrado por su hijo, marca un punto de inflexión al reconocer que la omisión y la falta de supervisión también tienen consecuencias legales.
Estos ejemplos no implican una receta automática para Chile, pero sí evidencian una tendencia: el reconocimiento de que la familia tiene un rol insustituible en la formación de conductas y que, cuando este falla, la responsabilidad no puede diluirse completamente en las instituciones.
La violencia escolar no nace en la sala de clases. Se gesta, muchas veces, en entornos donde faltan límites, orientación y presencia adulta. Pretender que los colegios resuelvan por sí solos este problema es desconocer su origen. La educación en principios y valores comienza en la casa, y ningún reglamento escolar puede sustituir ese aprendizaje esencial.
Si se quiere enfrentar con seriedad este problema, es imprescindible avanzar hacia una mayor corresponsabilidad de los padres. No se trata solo de sancionar, sino de asumir que la formación de los hijos es una tarea indelegable.
Porque mientras no se aborde lo que ocurre en el hogar, cualquier esfuerzo dentro de la escuela seguirá siendo insuficiente. Y es precisamente ahí, en ese espacio íntimo y cotidiano, donde comienza, o se pierde, la verdadera educación.
