Después de la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) de Chillán-Chillán Viejo, hace 5 años, los vendedores de leña que han optado por formalizar su actividad económica no superan los 20. Se trata de un número que triplica a lo que había en 2016, sin embargo todos sabemos que siguen siendo muchos más los vendedores informales de este popular combustible. La estimación es que hay más de 250 personas dedicadas en la región a la comercialización de biomasa, de la cual el 80 por ciento no cumpliría las condiciones mínimas de humedad.
Sin embargo, la realidad podría ser bastante diferente si la leña fuese reconocida legalmente como un combustible, materia que se encontraba entre los compromisos del actual Gobierno, pero que por diferentes razones -pandemia incluida- no avanzó. Eso hasta ahora, pues días atrás la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que regula el uso de la leña y otorga competencias a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para regular a los actores de un mercado que anualmente mueve casi $9 mil millones en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo.
La calificación de combustible para la leña tendría como principal consecuencia la estandarización del producto, es decir, su comercialización estaría sujeta a ciertos parámetros establecidos en un reglamento y serían aplicables en todo el país, como por ejemplo, la unidad de medida. Así, no deberían seguir dándose las diferencias que hoy se observan, en que se vende por peso, metro cúbico, cajón o astillas, dependiendo de la ciudad o del productor. De esta forma, como ocurre con el gas licuado o la bencina, se definiría una unidad de medida estándar aplicable a este producto. La estandarización también supone la regulación de la humedad máxima, que si bien hoy está definida por una ordenanza municipal, no necesariamente se cumple, debido a la débil fiscalización. En resumen, el reconocimiento de la leña como combustible implicaría la estandarización de la calidad del producto y normas específicas sobre la procedencia, producción, acopio, transporte y comercialización, tal como ocurre con los demás combustibles. Y por lo mismo, se agregaría la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que actualmente concentra su acción principalmente en los combustibles líquidos.
Una arista no menor sería el efecto en los precios, ya que al regularse el mercado, algunos costos operacionales se incrementarían, como el acopio y secado, a lo que se debe sumar el pago de IVA, lo que en suma debería redundar en un alza en el precio final. Sin embargo, dicho aumento podría ser marginal, pues en el caso de Temuco, por ejemplo, donde la fuerte fiscalización ha permitido reducir el mercado ilegal de leña, los precios no han subido excesivamente.
Resulta urgente y fundamental que se implementen políticas de desarrollo sustentable para este combustible, que garantice un producto de mejor calidad, que en su obtención no se degrade el bosque nativo y que además tenga precios competitivos con el mercado ilegal, tan extendido en nuestra zona. Mientras esto no ocurra, estaremos destinados a enfrentarnos a más episodios peligrosos de contaminación y a prohibiciones de uso de la leña que terminan afectando a los más pobres y vulnerables, todo debido a la ausencia de una política pública que logre, de una vez por todas, abordar el tema de fondo.
