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Durante la jornada del miércoles, en fallo unánime, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda contra la Iglesia Católica por los abusos cometidos por el exsacerdote Fernando Karadima, ordenando el pago de 100 millones de pesos al Arzobispado de Santiago a los denunciantes: Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.
Precisamente este último, en conversación con Radio La Discusión, manifestó que la resolución no es algo que los deje felices, pero si satisfechos, por el largo camino que han recorrido buscando justicia.
Para Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en temas de iglesias, la resolución de la justicia es un precedente histórico.
José Andrés Murillo agregó que la resolución de la justicia marca un precedente y que el fallo se podría replicar en otros casos de abusos por parte de sacerdotes de la iglesia.
Sánchez, en esa misma línea, dijo que el fallo sirve como ejemplo para saber cuál es el camino que deben llevar los casos de este tipo.
Precisamente la capital de Ñuble tiene la Diócesis con más sacerdotes sancionados y también la que tiene a más religiosos investigados. En ese sentido, Silvana Bórquez, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, dijo valorar la valentía de los denunciantes de Karadima, además de expresar que Chillán es una zona que necesita verdad.
Un caso que acá en la zona aún no tiene respuestas. Por lo mismo es que Bórquez dijo que los responsables deben responder por casos de abusos ocurridos en la iglesia de Chillán en los 90s.
Cabe recordar que hasta el momento, cuatro sacerdotes de la Diócesis de Chillán han recibido una sanción canónica por abuso a menores y cinco mantienen actualmente una investigación previa en curso.
