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El crecimiento demográfico de Chillán está presionando cada vez más por el uso de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, lo que se ha traducido en un crecimiento por extensión de la ciudad, con los costos que ello significa, por ejemplo, en tiempos de desplazamiento y calidad de vida. A ello hay que agregar que este crecimiento en extensión se ha producido con el mismo carácter segregacionista que se observa en las demás ciudades del país, donde las políticas públicas poco han podido hacer para evitar esta segregación social del territorio.
En ese contexto, la densificación del centro de la mano de la edificación en altura constituye una respuesta a esta problemática, pese a las rigideces que impone el Plan Regulador Comunal vigente, que está lejos de dar respuesta a las demandas de una ciudad del siglo 21.
La creación de la región hace 5 años y el desarrollo económico de Chillán como polo comercial y de servicios de Ñuble ha sido un factor clave en la inmigración y en la configuración de nuevos segmentos de demanda habitacional, que han encontrado en los nuevos edificios en altura que se levantan en el centro una respuesta a sus necesidades.
Lo anterior explica, en buena medida, el auge inmobiliario en las manzanas más próximas a la Plaza de Armas, como nunca antes se había visto en Chillán, con torres que fácilmente superan los 15 pisos. Sin embargo, aún existen amplios espacios disponibles en otros puntos del centro, así como en las proximidades de las cuatro avenidas, donde no es posible levantar edificios de más de siete pisos porque el Plan Regulador no lo permite.
Lamentablemente, como consecuencia de esta rigidez, el valor del suelo se ha multiplicado en las áreas donde sí se pueden construir torres. Por ejemplo, en el cuadrante céntrico donde se concentra la mayoría de los nuevos proyectos en altura, el valor del metro cuadrado se ha triplicado en los últimos 10 años.
La discusión sobre la altura máxima de los edificios ha generado una controversia artificial entre los “guardianes del patrimonio arquitectónico” y los “liberales”, como si el desarrollo inmobiliario solo permitiera dos miradas. Fruto de ello es que hoy la ciudad cuenta con un ordenamiento territorial que no responde a las necesidades actuales y que lejos de cumplir el objetivo de “proteger” el centro -donde se concentran las edificaciones modernistas- promueve la edificación en altura en el corazón del barrio cívico y desincentiva la construcción de torres en vías estructurantes como Collín, Argentina, Ecuador, Brasil o Vicente Méndez.
Por ello, hoy se requiere una visión de largo plazo que considere las nuevas variables del crecimiento urbano, que defina zonas de edificación en altura en relación a la capacidad de la vialidad, y que efectivamente proteja aquellos espacios de carácter patrimonial.
La expectativa está en la elaboración de un nuevo Plan Regulador que el municipio ahora podrá concretar, después que la Controlaría General de la República diera luz verde al plan regulador intercomunal, y donde es fundamental que esta vez sí se considere la opinión de todos los actores involucrados.
