Eso de “tomas disfrazadas de ventas de parcelas” es una forma, casi poética, con la que el alcalde de Ninhue, Luis Molina, busca consolidar en una sola idea, las multidimensiones de un fenómeno que les afecta a su comuna “y a muchas otras, por lo general” –dice-“las más pobres” de Ñuble.
Y sí, la bien hilvanada frase lo revela casi todo. Desde una necesidad de viviendas en el país, a la honestidad de separar a víctimas de victimarios y de oportunistas, pero por sobre todo, a esa dinámica de ver que de un año a otro, un sector tranquilo, pequeño y con una identidad cultural que ha sido por décadas el relato social de sus habitantes, se ve amenazado por la llegada de cientos de personas que, como si se tratase de refugiados, venían huyendo de vidas insostenibles y ahora buscan imponer sus costumbres en nuevas tierras.
Para Molina, u otros alcaldes como Renán Cabezas, de El Carmen, esto raya en la estafa, ya que como buen timo, enganchan a las víctimas por sus aspiraciones o por sus urgencias.
“Los predios del secano tienen precios muchos menores a las de las comunas turísticas, o los de las que están cerca de las ciudades más grandes de la región. No es lo mismo comprar una parcela acá en Ninhue que en Cobquecura, o en Pinto, Quillón o cerca de Chillán, acá no valen ni la mitad”, sostuvo el jefe comunal como telón de fondo para explicar el engaño.
“Entonces, hay gente que compra acá, a bajo costo, limpia los terrenos, corta los árboles, les saca fotos en invierno para que se vean verdes y promocionan las ventas de estas parcelas a personas de barrios pobres en Santiago, o gente que vive en tomas. Los convencen de vender sus casas o de usar sus ahorros, ya que si les sacan 50, 60 ó 70 millones, que para allá eso es poco, les dicen que acá les alcanza para el terreno, la casa y hasta una piscina”, agrega.
Sin embargo, no les explican que se trata de predios sin agua potable, sin factibilidad de electricidad, con caminos que en invierno suelen llenarse de baches, ni tampoco les dicen que no hay quién les vaya a retirar la basura.
“Pero una de las cosas que más nos duele, es que para terminar de convencerlos, les dicen que acá en la zona hace falta mano de obra especializada y que acá van a encontrar trabajo con mucha facilidad. Y eso tampoco es cierto”, sostuvo Molina.
¿El resultado? Casas sin luz ni agua, aparición de decenas de microbasurales, familias cesantes, solicitudes de retiro de basura (en Ninhue hay solo un camión), solicitud de reparto de agua, instalaciones precarias de electricidad y cientos de nuevas casas sin regularizar.
“Nosotros en Ninhue somos menos de 6 mil personas. Y ahora, hay como 700 nuevas familias en sectores como Renquil, Dubau Pangue, Chimilto, en la zona Sur de Ninhue, a un costado de la Hacienda de San Agustín de Puñual (la cuna de Prat), o en Peñaflor, donde vendieron fácil entre 250 y 300 parcelas”, asegura el alcalde de Ninhue.
Desde El Carmen, cuyo jefe comunal describe problemas similares, explican que el fenómeno se acentuó tras los años de pandemia, crisis que llevó a muchas personas a buscar un hogar lejos de las urbes aglomeradas.
“Acá en la comuna se ha evidenciado el alza. Muchas de estas parcelaciones nos exigen redoblar esfuerzos para llevarles agua o incluso para cuidar matrimonios de adultos mayores que se vinieron a vivir solos acá”, dice Renán Cabezas.
Al menos, en la Municipalidad de El Carmen crearon una unidad de “Edificación”, a cargo de una arquitecta y un ingeniero, quienes están tratando de regularizar estas viviendas: “ya estamos informando al respecto, en las juntas de vecinos, explicándoles que si se regularizan, podemos ayudarlos un poco más”.
No tiene urgencia
Conforme al marco legal existente, las entidades estatales como el SAG, el Minagri o incluso el Minvu, poco y nada pueden hacer para evitar el problema.
El Gobierno presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la “Protección del territorio y la vida rural”, con el que se propone un modelo para que lo rural deje de ocuparse sin una herramienta legal similar al Plan Regulador Comunal que norma el uso de suelo urbano.
El proyecto limita las parcelas de media hectárea, pero exclusivamente para uso de agricultura, y se limita la cantidad de ellas para que no se conviertan en proyectos inmobiliarios. Es más, según estimaciones del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu, existen más de 350.195 predios enrolados como no agrícolas, que tienen una superficie entre 0,5 y 1 hectárea.
Sin embargo, aclaran en la seremi de Agricultura, se trata de un proyecto que ni siquiera tiene urgencia en la tramitación.
El seremi del ramo, Antonio Arriagada, dice hoy, al menos, que “todas las solicitudes de subdivisión se analizan con criterios más exigentes y con la participación de instituciones que antes no eran consideradas de forma sistemática, como los municipios o Conaf”.
De hecho, a mediados de semana, desde el Servicio Agrónomo Ganadero se informó que Ñuble será el escenario para un programa piloto que implementa terceros autorizados para tramitar este tipo de documentación, dejando al SAG tareas como verificar que la subdivisión sea coherente con el uso del suelo y con el interés público.
“Somos una región agrícola y necesitamos herramientas de ordenamiento territorial que permitan compatibilizar desarrollo habitacional, inversión y protección de suelos productivos. Por eso es tan importante avanzar en un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que dé certezas, disminuya la discrecionalidad y establezca dónde se puede crecer y dónde debemos resguardar recursos como el agua, los bosques y el suelo”, complementa el seremi.
En el SAG tampoco pueden hacer mucho más. Si bien pueden autorizar o rechazar una parcelación dependiendo de los usos a darles, muchas personas presentan proyectos de uso agrícola y con esa condición, no hay facultades legales para rechazar la solicitud.
La trampa viene, entonces, cuando el solicitante no respeta el acuerdo y subdivide para parcelación de agrado.
Mientras que desde el Minvu, el seremi Antonio Marchant dice al respecto que “hasta nuestras oficinas llegan de manera reiterada personas solicitando información para poder postular a subsidios en terrenos propios, pero que por ejemplo no cuentan con rol o con las factibilidades mínimas de luz o agua, o sus terrenos son de uso agrícola”.
Pero mientras la ley no avance, todo lo anterior no será suficiente.
De una toma a otra toma
Pablo Pinto Ham, ingeniero en prevención de riesgos, experto en seguridad y excapitán de Bomberos de Chillán, dice que “el estándar internacional para medir la distanca entre un cuartel y el sector más lejano de su área de acción es de entre 5 o 9 minutos, dependiendo del lugar”.
Y esto lo enlaza con que “en comunas como Portezuelo, Ninhue, San Nicolás o El Carmen, no hay la cantidad de voluntarios, ni la cantidad de carros –que son carísimos- ni la infraestructura como para poder abarcar un fenómeno así, con 700 nuevas familias viviendo en parcelas sin equipar”.
Añadir más fuerza para la entidad de rescate “es algo que veo muy difícil. Aunque eso es algo que debe gestionar cada municipio con la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, tengo entendido que por un tema de recursos, se trataría de algo difícil de poder concretar ni en el corto ni en el mediano plazo”.
Pinto advierte también que cuando se trata de casas precarias, cabañas de madera o de material ligero, como suele ser la norma en las tomas o estas parcelaciones al margen de la ley, un incendio puede generar una catástrofe.
Y si se considera que la incapacidad logística del municipio para sacar la basura es evidente, más la imposibilidad legal que los frena de ir a arreglar caminos, retirar material biocombustible, limpiar microbasurales, generan el escenario ideal para que se realicen quemas para limpiar o esfumar basura, la preocupación se agiganta.
Sobre todo para el mismo alcalde que lloró desconsolado ante las cámaras de televisión, luego que los incendios forestales de 2023 quemaran 22 casas en cosa de minutos.
“Ellos no mejoraron su calidad de vida. Vinieron de una situación de precariedad a otra llena de limitaciones. Y para otros fue como haber pasado de una toma a otra toma”, dice el jefe comunal.
Enumera que ahora las escuelas de la comuna ya no dan abasto, que los centros de sa
lud están cada vez más demandados y que “llegan personas a pedirnos que les consigamos trabajo, que les arreglemos sus problemas. Y algunos no lo hacen de manera educada, como estamos acostumbrados acá, lo hacen de forma casi prepotente. Incluso nos dicen que es obligación nuestra llevarles cajas de comida todo los meses”.
En el municipio lamentan que hoy por hoy, los vecinos de la comuna ya sepan de prepotencia, de insultarse por un estacionamiento, de ruidos en la calle y otros hábitos que nunca imaginaron en sus barrios.
“Nosotros como municipio queremos ayudarlos a todos, ese es nuestro deber, aunque sea con gente que llega de otros lados, porque también hay gente buena. Pero es cierto, ya los vecinos me dicen que la tranquilidad se está perdiendo”, añade el jefe comunal.
Le cuesta decirlo. Casi que le duele, pero toma aire y se lanza: “llegó la droga”.
Describe que en las parcelas hay juventud ociosa, se escuchan disparos y esos lanzamientos de bengalas “que significa que llegó la droga. Eso sí nos preocupa mucho”, confiesa.
Antes de la pandemia, antes de las manifestaciones del 18-O, un equipo de seis a siete carabineros parecía bastar para esas cinco mil y tantas personas que vivían en Ninhue.
Solo si pensamos que estos nuevos grupos presentan esa clásica estructura de padre, madre y dos hijos, nos daría algo así como 2.800 personas más. “Es como si hubieran instalado una ciudad nueva al lado de la comuna”, ejemplifica.
Las gestiones municipales y de la Delegación del Itata han conseguido que hoy haya 14 carabineros en el retén de Ninhue, quienes se deben repartir tres turnos diarios los siete días de la semana.
