Esta temporada la vendimia viene adelantada en 10 a 20 días, por lo que a fines del presente mes debiera comenzar la cosecha de algunas variedades blancas. Así lo confirman productores y expertos, quienes atribuyen a las mayores temperaturas el fenómeno que se observará en todos los valles vitivinícolas de Chile.
Además, y mucho más importante aún, es que se estima una reducción de la producción de uva vinífera entre 20 y 30 por ciento debido a la sequía, que en la zona central ha afectado severamente los viñedos, incluso aquellos con riego. Otro factor de la fuerte baja en los rendimientos son las heladas que se registraron en primavera.
En el caso del Valle del Itata, también se prevé una caída de la producción en torno al 20-30%, cifra que podría incrementarse si se registraran lluvias durante la cosecha de uvas.
De esta forma, el mercado, habituado a tomar como referencia el precio internacional del vino, hoy anticipa una menor oferta de uva y vino nacionales para la presente temporada, lo que se debiera traducir en mejores precios que los pagados el año pasado.
Es así como la uva a granel, por la que se pagaron 80-90 pesos por kilo en la temporada anterior, se podría cotizar en 110-140 pesos, según estimaciones de los propios viñateros.
En ese contexto, una señal positiva es lo que lograron siete empresas asociativas creadas por pequeños productores del Valle del Itata, entre cooperativas y sociedades por acciones (SpA), que con apoyo de Indap, negociaron unidas frente a una decena de poderes compradores de la zona central y lograron asegurar la venta de un mínimo de 10 millones de kilos de uva para esta temporada (podría llegar a 13 millones), lo que corresponde a la producción de casi mil viñateros. Y si bien trascendió que el valor piso acordado se ubica en $110, no se descarta que al momento de liquidar el valor se mueva hacia arriba.
Es muy importante que por primera vez un grupo de productores logra amarrar una venta tan grande -el volumen representa entre 15-20% de la producción total de uva de Itata-, lo que permite negociar precios en mejor pie, muy distinto a lo que por años viene ocurriendo en la zona, donde los intermediarios imponen sus reglas a los viñateros -quienes individualmente no tienen ningún poder de negociar- y extraen jugosas ganancias a costa de la miseria de miles. A modo de ejemplo, una corredora está ofreciendo hoy $60 por kilo.
Ciertamente, este acuerdo de compra es un paso significativo, pero no es la solución de fondo al problema de los bajos precios, donde se requiere seguir avanzando en la agregación de valor, como la vinificación, la venta de vino embotellado y la exportación, objetivos donde también el Estado está colaborando para su logro. Ejemplo de lo anterior fue la venta de 360 mil litros de vino a granel por parte de la cooperativa Coovicen, de Quillón.
Pero también es clave avanzar en la regulación de un mercado con demasiados vicios, como la poca transparencia, la fuerte concentración en tres principales poderes compradores con nocivas consecuencias para la libre competencia y la determinación de los precios, la adición de agua al vino, así como también la escasa fiscalización. Y en esos desafíos también es clave el rol del Estado.
