A raíz de la polémica generada por la posibilidad de que lleguen nuevos residuos industriales de distintas partes del país al relleno sanitario de Ecobío SPA, en Chillán Viejo, diferentes actores de comunidad dieron a conocer sus posturas frente a un tema medio ambiental que ha marcado la contingencia en las últimas semanas. Anteriormente, la comuna ya estuvo en pugna por la aprobación de recursos de la Subdere para el traslado de basura desde comunas de Biobío, cuyo vertedero de Hidronor agotó su capacidad de almacenamiento.
Si bien la preocupación es común entre las voces locales por los impactos en el entorno, hay diferencias en los puntos de vista. Mientras unos ven con impotencia y esperan que los controles funcionen con mayor rigurosidad, algunos más optimistas proponen salidas al conflicto, de mediano y largo plazo. Otros se limitan a lanzar escuetas acusaciones de “aprovechamiento político” en la problemática.
En la primera posición, está Sergio Sagredo, quien llegó al sector Llollinco en Chillán Viejo motivado para ejercer la actividad forestal, cuya casa matriz se encuentra en San Carlos. Actualmente es presidente de la mesa intersectorial que reúne a su sector y otros como Quillay y Quilmo, además dirige el APR.
Desde su visión la posibilidad de que lleguen esos desechos al Cita de Ecobio, preocupa, pero no alarma, ya que aún no hay nada concreto. Sin embargo, advierte que en nada sirven las manifestaciones en contra, ya que la empresa funciona en base a una normativa que le permite operar sin restricciones para recibir volúmenes desde cualquier punto del país.
En definitiva, el dirigente recalca que la oposición al tema que han mostrado autoridades locales llega tarde, ya que tuvo que haberse plasmado en su génesis con leyes adecuadas. Ahora, espera que los involucrados, tanto privados como públicos, velen por el correcto funcionamiento y la mitigación de los impactos negativos.
“Por el asunto macro político es poco lo que uno puede lograr, porque las leyes están hechas, el vertedero está bajo la ley. Como simple ciudadano nada se puede hacer, porque si el Estado lo autorizó para que funcionara en esas condiciones, no veo ninguna falla. Nada más preocupa si empezará a llegar más material químico. Pero, eso lo tienen que regular los organismos. No sacamos nada que la comunidad esté parada en las puertas del vertedero luchando para que no lleguen camiones, que tiene que llegar igual por ley. Es un negocio”, comenta.
“Políticamente veo injusto que se hayan dado tantas “lucas” a estas comunas (Biobío) para financiar el arrastre de la basura y como Chillán Viejo no tocó nada, tiene todo el derecho a reclamar por algo que se dé, porque se viene a depositar acá”, agrega.
El martes pasado vecinos sostuvieron una reunión con la empresa propietaria de Ecobío. Sergio asistió a ese encuentro donde, según comenta, “conversaron que están con toda la reglamentación al día y que ellos no tienen ningún contrato, porque no hay clientes”.
Versión similar entregaron a las consultas previas realizadas por La Discusión a la firma que se limitó a una declaración: “La disposición de residuos sanitarios es una decisión que siempre es analizada a nivel de distintas autoridades nacionales, regionales y locales, donde la actuación de Ecobío se limita solo al cumplimiento de la ley y la normativa vigente, como un actor más que entrega soluciones sanitarias y refuerza la economía circular de nuestra Región y de Chile”
La empresa informó que opera “con las medidas operacionales establecidas en las leyes y normativas de nuestro país, y su actividad es regulada y permanentemente fiscalizada”.
Tras la reunión, el vecino valora el gesto de transparencia y las compensaciones de parte de la empresa, aún advierte que eso no frena las exigencias en lo relativo a sus operaciones.
“Ecobío está levantando una sede vecinal en Quilmo. Instaló otros 100 metros cuadrados en Llollinco, mucho antes de la pandemia. Tienen un comité campesino donde ayudan a la gente y mantienen los caminos internos de Llollinco. Pero no porque nos den compensaciones, vamos a permitir que sigan los olores. Se les exige también”, dice.
En la práctica reconoce que los malos olores persisten en el sector, pero con menor intensidad, ya que están más regulados por la gestión de la Superintendencia Del Medio Ambiente, con la que también sostuvieron un encuentro el miércoles pasado.
“Cuando llegué los olores estaban al 100%, por decir. Después con Cristian Lineros (Director regional de la SMA Ñuble) pusimos máquinas para ir marcando el olor y desde noviembre a la fecha bajó. Hoy tenemos eventos de olores cada 15 días y a veces pueden ser todos los días, pero bajo. (..)Pero fue por una iniciativa nuestra, no de las autoridades que nos hayan apoyado. Los caminos están horribles. La gente cómo va apoyar una gestión, si el Estado no está con ellos”, alega.
El dirigente manifiesta que debe existir un trabajo estratégico con mirada de futuro cuando el relleno termine su vida útil proyectada al 2034. “Nos preocupamos de las cosas domésticas del momento y no del futuro, que tenemos para crear un país moderno, con leyes modernas. (…) Que cada región o cada tres manejen los residuos, así lo tienen otros países. Porque si yo genero basura, me debo hacer responsable, porque o sino voy llenando con cerros a otras regiones. Comencemos hacer industrializados, si la basura es un insumo potente. En el parlamento no hay ninguna ley que esté regulando eso”, propone.
Ulises Lari, presidente del Comité ́ Ambiental de Chillán Viejo, comenta que la gente del área de influencia de los rellenos de Ecobío, siente con pesar que se está perdiendo la batalla porque las resoluciones no establecen esa territorialidad.
El dirigente tiene un punto de vista crítico respecto a las operaciones de la firma. “Que yo sepa, los llamados “gases vertedero” no se queman ni utilizan en estos rellenos y se van directamente a la atmósfera. Por algo la SMA ha sancionado a la empresa en muchas oportunidades, la ha multado y se han generado “planes de cumplimiento” que en realidad no sabemos si se cumplen. Y todo esto lleva a deteriorar la calidad de vida de las comunidades aledañas y a la larga la salud”.
A su juicio actualmente Ecobío entrega “pequeñas ayudas a vecinos de las inmediaciones, más para aparecer como un “buen vecino” que en el cumplimiento del slogan de responsabilidad social empresarial”.
El dirigente coincide que es preocupante el eventual ingreso de residuos ya sea peligrosos o no de otros lugares del país, enfatizando que es imperioso actualizar los instrumentos de planificación territorial, para desde ahí imponer más restricciones a nivel local.
“Aún puede haber margen de maniobras para evitar que Chillán Viejo se transforme en zona de sacrificio. Si bien Volta Ecobío, desde el punto de vista legal, tiene la sartén por el mango, hay temas con que se pueden hace frente como los pladecos, los planes reguladores (que deben ser actualizados) y el PRICH, que fue aprobado hace dos o tres años (con participación de la comunidad) y que no sabemos por qué aún no es promulgado”, recalca.
A nivel nacional, concuerda que es necesario legislar para que cada región sea responsable de la basura que genera. “Hay que apelar a la “justicia ambiental”, que promueve el Ministerio de Medio Ambiente, y que no sea sólo un slogan. Hay que regular el paso de camiones e intensificar las fiscalizaciones y lograr que exista transparencia, para que la comunidad sepa qué se está trayendo, cuánto tonelaje, de dónde proviene, cuánto pueden soportar los actuales rellenos sin que se amplíen amparados en la necesidad de la emergencia, etc. Chillán Viejo ha sido castigado por más de 20 años recibiendo basura. ¿No es hora que otras comunas también compartan el conflictivo tema de la disposición de la basura?”, propone.
La Discusión consultó a vecinas del sector Llollinco y otros, quienes bajo reserva de su identidad, comentaron en forma escueta que las voces de autoridades que se han levantado, intentan sacar “provecho político” y que la situación de malos olores que viven hace años es usada como “pantalla”. Solo esperan que a 2034 el relleno deje de operar, y que no terminé ampliando sus instalaciones. Piden trabajar en una normativa en esa dirección.
¿Exportaciones en riesgo?
Como una mala señal para la agricultura ven desde el sector un aumento de los residuos industriales en Chillán Viejo, ya que podría atentar con los intereses comerciales del territorio, entendiendo que la región ha crecido en su capacidad exportadora.
“No creo que sea muy conveniente traer residuos que puedan contaminar, no solo en el medio ambiente, las napas, las cuales son muy importantes para el riego y la producción agrícola. Tampoco creo que sea muy agradable ver circular camiones con, no sé si traerán olores raros que puedan incomodar a la comunidad. En definitiva, esto es una cuestión país y de alguna forma hay que resolverla, porque también esos residuos alguna solución deben detener”, opina el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores, Carlos González.
En Chillán Viejo hay zonas aledañas con vocación agrícola y ganadera, por lo que el representante de Agricultores, defienden la idea de cuidar la imagen de la región frente a los mercados internacionales.
“El gobierno regional debe estar muy claro en que somos una región exportadora de fruta. No sé cómo eso puede incidir con todas las restricciones que tienen los países que reciben nuestra fruta a nivel internacional. En segundo lugar, Ñuble ha sido la región que más ha crecido en fruta en Chile, sobre el 40%, como ninguna otra región. No creo, desde el punto de vista agrícola, que nosotros nos hagamos cargo de residuos de esta magnitud”, manifiesta.
Por lo anterior, el dirigente es claro en mostrar su oposición al tema por los riesgos asociados al manejo de la basura.
“No sabemos las consecuencias que puede tener para nuestro sector exportador. Eso es realmente grave. Creo que las autoridades tienen que tomar una decisión pensando en lo que piensan los eslabones productivos. Desde el punto de vista agrícola, principalmente frutícola, creo que sería una pésima noticia”, recalca.
A mayor volumen, mayor riesgo
Si a los ingresos de basura desde algunas comunas del Biobío, se suman eventuales residuos industriales desde otros puntos del país, los volúmenes a tratar incrementarán, por lo que probablemente la gente resienta las externalidades negativas si no se realizan acciones adicionales.
Esa es la conclusión del médico Mauricio Ilabaca, maestro en ciencias de Salud Ambiental y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, quien apunta a que si no implementan las medidas de mitigación necesarias en caso de aumentar las cargas en las instalaciones sanitarias, los impactos serán evidentes.
“Cuando no se atiende exactamente al proyecto original y se hacen modificaciones, se aumentan los volúmenes o no se invierten en todas las medidas de mitigación y de control que se habían planteado, para abaratar costos, entonces se produce impacto en la población. Pueden empezar a aparecer malos olores, según la dirección del viento, conforme van aumentando los volúmenes de residuos. Sobre todo, en verano, puede haber episodios de malos olores y que la gente aledaña lo va sufrir, van tener náuseas o vómitos, dificultades para dormir. Todo un tema además nervioso, estrés, sensación de estar sufriendo una situación injusta se produce angustia, un malestar en salud mental”, explica.
Dada la saturación que están acusando las comunas en sus propios vertederos, que termina sobrecargando a otras con el destino final de sus residuos como el caso de Chillán Viejo, el especialista sostiene que es urgente la intervención del Estado en materia de planificación y compensaciones. “Se requiere de un esfuerzo de planificación y político, de manera de establecer las condiciones en el mercado para que existan proyectos que tengan una dimensión que sean sustentables, que tengan volúmenes que sean posibles de manejar y no monstruosos. La cantidad genera riesgo de por sí. Es muy difícil manejar volúmenes grandes dado que puede haber emergencias de todo tipo. Un terremoto, una huelga, una toma de camino, va a bloquear los caminos y va dejar a toda una población sin poder sacar la basura y genera un riesgo sanitario”, explica.
Para Mauricio tiene sentido la idea de macrozonas donde exista un relleno sanitario y que aquella comuna que lo albergue reciba compensaciones por la merma que ocasiona en sus territorios. “Que se establezcan áreas geográficas y que cada una de ellas genere sus propias alternativas, pero que exista un sistema de compensación transparente, donde todo el mundo sepa que se entrega y a quién. Por ejemplo, que la Subdere tenga mecanismos de traspaso de recursos a las comunidades que estén recibiendo estas instalaciones”, dice.
A nivel legislativo se busca una salida al conflicto a través de la presentación de un proyecto que otorgue mayor poder de decisión a los propios territorios directamente afectados con la destinación de los residuos.
Acción legislativa
El diputado IND-DC por Ñuble, Felipe Camaño, presentó en enero pasado un proyecto de su autoría en esa dirección.
“Modifica el código sanitario para prohibir el tratamiento y la disposición de basura y desperdicios sin autorización del Concejo Municipal respectivo en pro de proteger la vida de las personas y cuidar el medio ambiente. Con este proyecto queremos dotar de estas facultades al concejo municipal para que ellos decidan si quieren o no recibir los desperdicios. Actualmente, con legislaciones incluso nacionales, estamos corriendo el riesgo de que hasta de la industria de la minería vengan a dejar basura a Chillán Viejo”, sostiene.
A juicio del parlamentario se debe articular una política pública para administrar residuos con sentido de equidad territorial basado en la sustentabilidad. “Es injusto que regiones tengan que ser el patio trasero o transformarse en zona de sacrificio, mientras que otras regiones no reciben nada. Creo que hay que pensar un poco más en lo sustentable, porque tenemos que crear políticas que vayan de la mano con una mejor coordinación con los residuos domiciliario, con un camino que proyecte el reciclaje, una disminución a lo que llegue a los vertederos, que son toneladas que generan contaminación, pero también son oportunidades que se pierden. Por ejemplo, todos los residuos que podrían convertirse en masa calórica perfectamente podrían ser fuente de generación de energía”, destaca.
Según el legislador se tiene que impulsar una fuerza desde el Estado para que los municipios sean apoyados en estas iniciativas. “Porque puede haber alcaldes con las mejores intenciones, pero éstas se construyen con recursos y, en ese sentido, se tienen que ver cuáles son las líneas de financiamiento para fomentar distintas iniciativas”, agrega.
Por su parte el diputado UDI porÑuble Cristóbal Martíñez informó que ya solicitó una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para hacerle entrega de la declaración que firmaron las autoridades, además de pedirle que el Gobierno impida que se pueda concretar el traslado en el mediano plazo.
“Sería absolutamente inentendible que las actuales autoridades permitieran que no sólo Chillán Viejo, sino que toda la Región de Ñuble, se convierta en una nueva zona de sacrificio. Ese es el riesgo que estamos corriendo si es que las industrias comienzan a depositar sus residuos en nuestra zona. Por eso esperamos reunirnos lo antes posible con la ministra del Medio Ambiente, no sólo para manifestarle nuestro absoluto rechazo a este eventual escenario, sino que también para exigirle que implementen un plan de contingencia a la brevedad posible”, sostuvo Martínez, quien finalmente anunció que al regreso de la semana distrital solicitará tratar el tema en una comisión especial.
