El proyecto de embalse La Punilla enfrenta uno de sus más complejos desafíos: convencer a las autoridades del actual gobierno de que es un proyecto necesario para la agricultura y para la región de Ñuble. El proceso de licitación de la nueva concesión, que comenzó en noviembre pasado, hoy vive un tenso compás de espera, pues a la fecha ya suma tres postergaciones y todo indica que se continuará dilatando hasta que un comité integrado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente, Ciencias, Energía, Minería y la CNR, conformado para revisar el proyecto, concluya su misión y defina las modificaciones necesarias para dar respuesta a las demandas de comunidades afectadas, de organizaciones ambientalistas y de dirigentes políticos oficialistas.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]El objetivo, según han planteado las autoridades, es generar amplios acuerdos en torno al proyecto, particularmente en materia socioambiental, su flanco débil, pues si bien cuenta con una resolución de calificación ambiental que data de 2010, sus detractores apuntan específicamente a la falta de una adecuada socialización del proyecto y de una efectiva participación de la comunidad en el proceso de evaluación ambiental, así como también hay grupos que han alzado la voz y han interpuesto las respectivas acciones administrativas por los impactos ambientales de la megaobra.
El 12 de agosto recién pasado, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, entregó más luces sobre el futuro de La Punilla. De visita en la región de Ñuble, afirmó que su cartera apoyará la concreción del embalse, pero cumpliendo ciertos estándares sociales y ambientales.
“En el gobierno pasado ese proyecto fracasó en su licitación (concesión), larga controversia entre la constructora y el MOP, falta de acuerdo con los pequeños agricultores, falta de diálogo con la comunidad de San Fabián de Alico, y este gobierno está trabajando en ver cómo se asegura que ese proyecto tenga sustentabilidad, cómo se asegura que ese proyecto no tenga más controversia entre la licitación y el proyecto original y cómo ese proyecto efectivamente integra a la agricultura familiar campesina y no solo a quienes tengan el alto poder de compra para las acciones (títulos de aprovechamiento de agua) que están ofertadas. Entonces, todas esas problemáticas, sin dilaciones, se han estado estudiando, analizando cursos de acción, pero sabemos y tenemos claro que la postura de este ministerio es apoyar Punilla, pero un Punilla de alto consenso, de mayor sustentabilidad, con acuerdo territorial y con apertura a que todos los actores de la agricultura y no solo los que tienen más poder y concentración, de, entre comillas, capacidad de compra de concesiones, lo haga”, expresó el secretario de Estado.
Un símbolo de la “falta de diálogo con la comunidad de San Fabián de Alico” que menciona Valenzuela es, sin duda, el polémico desalojo, en noviembre de 2018, de algunos vecinos expropiados de la zona donde se levantará la presa, que se negaron a firmar los convenios de relocalización. La autoridad de la época solicitó el auxilio de Carabineros para concretar la acción, lo que derivó en la solicitud de medidas cautelares que fueron acogidas por los tribunales de justicia, que paralizaron el bochornoso proceso.
Compensaciones
A casi cuatro años de aquel hito, el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, reconoce un gran cambio en la relación con las autoridades en la actual administración, de hecho, se constituyó una mesa de trabajo entre el MOP, el municipio y los dirigentes de las comunidades afectadas.
“Nosotros estamos en conversaciones con el ministro de Obras Públicas y con el seremi en la región, porque el proyecto embalse La Punilla en sí, tiene muchos temas que no están abordados, que tienen relación, por ejemplo, con pavimentos, ejecución de medidas en las zonas de afectación directa, inclusión de comunidades afectadas directamente, que nunca fueron consideradas, y en ese contexto, nosotros tenemos una mesa de trabajo con el ministro, con dirigentes de todas las zonas y esperamos que esos petitorios, de alguna manera, puedan ser considerados e incluidos dentro de este proyecto, porque es importante tomar en serio a la comuna de San Fabián de parte del MOP, desde el punto de vista que en San Fabián vamos a tener la ejecución de esta iniciativa, si es que así lo deciden los ministerios después de esta evaluación que están haciendo”, explicó.
Almuna advirtió que “es importante que la mesa de trabajo tenga un resultado concreto y permita que se incorporen las peticiones que no fueron incorporadas, porque acá hay muchos temas pendientes, a nivel social, de seguridad, de infraestructura pública, entre otros temas. Tenemos que mirar que, sea cual sea el proyecto, debe tener los adecuados equilibrios con las comunidades”, como Los Sauces, El Ciprés, Roble Huacho, Quebrada Oscura-Pichirrincón y Chacayal, y de comunidades que no fueron consideradas como afectadas, como Caracol, Los Puquios, Las Guardias, que también se van a ver afectadas, por ejemplo, por el paso de camiones por una ruta que no reúne las condiciones para el flujo que se espera.
El alcalde detalló que esperan avanzar en algunos convenios con la Dirección de Vialidad, pero subrayó que esperan trabajar en concreto con las comunidades afectadas. “Esperamos resultados, como la ejecución de medidas que las comunidades esperan, por ejemplo, la pavimentación de un camino; anticipar medidas de desarrollo social, como una sede comunitaria o el transporte de pasajeros, el paso internacional, cosas tan básicas como un puente mecano que permita conectar a las comunidades”, resumió.
Destacó que “el proyecto en sí no contemplaba medidas de desarrollo territorial, porque la Municipalidad de San Fabián no tuvo participación en el estudio de impacto ambiental del embalse La Punilla en 2004, y por eso mismo para nosotros es tan importante este proceso, porque es la posibilidad de que se tomen en consideración las comunidades, pero que quede incorporado en resoluciones, porque así daríamos solución a lo que los vecinos están planteando. Nosotros esperamos que esto se pueda resolver en el corto plazo, tener una respuesta positiva y que nos permita abordar desde lo mínimo a lo macro, pensando que acá hay familias, y hay cosas que resolver en materia de calidad de vida: tenemos comunidades sin puentes, sin agua, sin luz eléctrica, necesitamos una conexión internacional, acceso a salud, las comunidades solicitan la madera que se va a extraer de la zona a inundar por el embalse”.
Respecto a la Ruta N-31, el jefe comunal recordó la histórica demanda por contar con una ruta pavimentada, de mejor estándar que lo establecido en la RCA. “Nosotros hemos conversado con el ministro que aquí tiene que haber un pavimento de alto estándar, ya avanzamos en un reciclado en los primeros 14 kilómetros (en total son 34 kilómetros hasta el Puente Inglés), pero en la particularidad necesitamos seguir avanzando en el resto, que nos permita tener una proyección internacional, y eso va a depender de si la empresa privada se hace cargo o no, entonces, para nosotros es importante que eso quede estipulado dentro de la RCA, en el caso que se reabriera, o como acciones de responsabilidad social empresarial o bajo otra figura que resuelva el MOP”.
En ese sentido, reconoció que “el ministro (de Obras Públicas) Juan Carlos García tiene una voluntad enorme de que esto se aborde, y quiero destacar que escuchó a cada uno de los dirigentes, y eso lo agradezco. Esperamos dentro de las próximas semanas entregar un documento en Santiago, que está pendiente, con los requerimientos de los dirigentes”.
Consultado por la relocalización de los vecinos expropiados, Almuna afirmó que eso es parte del plan de desarrollo social y eso se ajusta a lo que la familia decide. “Nuestra preocupación es que va disminuyendo la capacidad de cultura arriera en la zona, y eso es complejo para nosotros. También es complejo que las personas no sigan vinculadas al territorio, por eso vemos con mucha esperanza en este momento, es que cuando partió el proyecto en 2004 y nosotros éramos jóvenes recién salidos de la enseñanza superior, nadie se quedaba, todos se iban, pero ahora vemos que hay varias familias se están quedando en las zonas altas del resto de sus propiedades y eso a nosotros nos permite desarrollar el turismo, fomentar la economía familiar campesina y por sobre todo, sentir que podemos seguir en la crianza de animales. El plan de desarrollo social no cubre eso y por eso nosotros necesitamos que se pueda agilizar temas como la red eléctrica, los caminos y puentes. Esperamos que aquellos que se fueron, puedan regresar”.
Otro tema importante que ha estado presente en las conversaciones, apuntó el alcalde, es el riego de más de 2 mil hectáreas de pequeños agricultores de San Fabián.
Impacto ambiental
Para César Uribe, opositor al proyecto, uno de los fundadores de la agrupación ambiental Ñuble Libre y exconvencional constituyente, el problema es el enorme impacto ambiental y social que provocaría el embalse, por lo que reiteró que la solución es descartar definitivamente el proyecto y optar por pequeños embalses.
Nos hemos reunido con el ministro de Obras Públicas y con la ministra de Medio Ambiente, y ahora solicitamos una reunión con el ministro de Agricultura, a propósito de la declaración que hizo sobre su postura frente a La Punilla.
La posición de la organización está súper clara, y en ese sentido, no cambio respecto a las críticas al proyecto en sí mismo, que son críticas en distintos ámbitos, evidentemente que como organización socioambiental, son clave los aspectos ambientales y sociales, pero también estamos conscientes de la problemática hídrica que existe en muchos lugares, incluida nuestra región, y que tienen que ver con soluciones mejor pensadas, entendiendo que el proyecto Punilla tiene un diseño del año, entonces, estamos en un contexto absolutamente distinto a esos años, en que no se puede pensar en construir un diseño que se pensó en ese momento, en que no había una crisis climática evidente, en que el tema ecológico no era tema, no se sabía de la riqueza de biodiversidad de la cordillera, y por lo mismo, somos críticos de que se quiera retomar el proyecto bajo las mismas características de diseño. En términos sociales, todos fuimos testigos de lo que sucedió con el desalojo de los arrieros, es una situación que todavía no se cierra, todavía quedan un montón de arrieros en la cordillera, incluso los que fueron desalojados rehicieron sus viviendas, y con toda esa problemática se encuentra el gobierno actual”.
Uribe advirtió que “el proyecto no tiene factibilidades sociales, ambientales ni económicas, por lo tanto, la reevaluación debiese ser profunda”. Sostuvo que el embalse ha sido la única estrategia de los últimos cinco gobiernos, dejando de lado otras posibles soluciones, “como, por ejemplo, la construcción de pequeños embalses en la región, embalses fuera de línea, que son mucho más fáciles de construir, que son ecológicos, que uno podría proyectar de mejor manera que van a mantenerse en el tiempo, como el embalse Coihueco o el embalse El Kayser, que está en diseño, dormido en el MOP hace mucho tiempo”. Lamentó, sin embargo, que en el pasado “hayan primado razones políticas por sobre evaluaciones técnicas”.
El dirigente reconoció “una disposición distinta de los ministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, que valoramos, pero igual nos asusta la declaración del ministro de Agricultura, que establece, de cierta manera, su compromiso al Punilla sin hacer mención respecto a su diseño, por ejemplo, es decir, hacer un nuevo diseño no es algo tan sencillo, y siento que no lo está pensando de esa manera”.
Precisamente, a partir de las declaraciones del titular de Agricultura, Uribe manifestó no tener mayores expectativas de que el consejo de ministros resuelva no concretar el embalse con su diseño actual.
Recordó, además, que como organización han presentado diversas acciones legales y administrativas, que siguen abiertas, y en las cuales seguirán trabajando.
[/bg_collapse]
