En la cuenta pública de la Corte de Apelaciones de Chillán en su gestión 2022, su presidente, la ministra Paulina Gallardo García, resaltó el plan de fortalecimiento en la jurisdicción que posibilitó sumar siete jueces destinados y 28 funcionarios distribuidos en los distintos tribunales de la jurisdicción, inversión que se mantendrá durante 2023 con nueve jueces destinados, cuatro consejeros técnicos y 32 funcionarios de apoyo.
La presidente también destacó que durante el presente año se espera la tan anhelada habilitación del Centro de Justicia, que albergará a la Corte de Apelaciones, el Primer y Segundo juzgado Civil y el Juzgado de Familia, proyectándose el inicio de actividades en sus dependencias en septiembre de 2023.
Es una buena noticia para la ciudad y para la región, que finalmente, comience a funcionar el proyecto que significó una inversión de 20 mil millones de pesos y dota a la ciudad de un centro judicial en Vega de Saldías con Yerbas Buenas, con una dotación total de 98 personas, entre ministros, jueces, fiscales y funcionarios. No solo por el aporte urbano de sus modernos edificios sustentables, sino por el concepto integrador que busca reunir en un mismo espacio al mayor número de organismos judiciales, tal como se ha hecho en otras ciudades, donde se ha entendido que la sinergia que produce la concentración de actividades vinculadas favorece a los usuarios del sistema y también permite aprovechar distintas ventajas, como las economías de escala.
Sin embargo, la administración de justicia en Chillán y la Región no estará completa si el tema de la construcción de una nueva cárcel no es abordado con la urgencia y seriedad que amerita. Claramente, ningún gobierno en los últimos veinte años lo ha hecho, ni siquiera después del terremoto de 2010 y la masiva fuga que terminó con dos reos muertos y un incendio que destruyó cuatro viviendas aledañas.
El penal, dependiente del Ministerio de Justicia, está ubicado a pocos metros del Centro de Justicia. Sus instalaciones están deterioradas y superadas en su capacidad, con deficiencias estructurales que impiden el desarrollo de programas de educación y formación laboral para una posterior rehabilitación.
Y si bien desde 2006 se proyectaba una nueva cárcel para la ciudad, los anuncios no fueron más que eso. Desde 2010 en adelante, las autoridades de Justicia se comprometieron a abordar esta demanda, pero las gestiones nunca fueron las suficientes para resolver uno de los principales escollos: el emplazamiento. En los distintos gobiernos se evaluaron terrenos en varias comunas, y cuando se filtraba alguna de las opciones, las comunidades vecinas se organizaban para torpedear el proceso.
Para la Región de Ñuble y para Chillán es fundamental contar con una cárcel moderna y accesible, por el beneficio que representa sacar el actual recinto del centro de la ciudad y brindar a los reos, familiares, gendarmes, profesionales y demás funcionarios un espacio adecuado, que permita implementar políticas de reinserción.
Lamentablemente, sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión de la cárcel que la nueva región de Ñuble necesita.
