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Una burla”, “irrisoria”, “falta de respeto”. Sobran los calificativos que se suceden en el mundo político tras revelarse los pagos que comenzaron a realizar las isapres, a partir del primero de diciembre, como consecuencia de la “ley corta” que les dio facilidades para pagar a los afiliados todo lo que cobraron ilegalmente durante años por concepto de aumento de los planes de salud.
En concreto, los más de dos millones de afiliados comenzaron a recibir cartas de las aseguradoras con los plazos en que pagarán la deuda, muchas de las cuales optaron por hasta 13 años, lo que en algunos casos se traduce en el pago de mil pesos mensuales.
De inmediato los reproches se sucedieron en el Congreso, luego que los parlamentarios reclamaran airadamente, pese a que ellos mismos aprobaron la ley.
Desde el Gobierno de inmediato se desmarcaron.
“Lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo con parlamentarios, quienes en comisión mixta solicitaron ampliar los plazos y nosotros expusimos lo que podía suceder con aquello. Ahí está el resultado de la legislación”, señaló la ministra vocera, Camila Vallejo, refiriéndose a las cuotas de hasta 13 años en las devoluciones.
Sin embargo, desde el Congreso rechazaron categóricamente la acusación. “No es aceptable que la autoridad del Poder Ejecutivo mire hacia otro lado. Esta humillación ciudadana debe detenerse. Las devoluciones irrisorias son una burla y la Superintendencia de Salud tiene la facultad para revertir esta situación”, declaró a radio ADN el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, en respuesta a la titular de la Segegob el pasado lunes.
En ese sentido, el también integrante de la instancia, el senador Francisco Chahuán (RN) cuestionó las prioridades del Gobierno, señalando que “se sobrealimentaron expectativas imposibles de cumplir. En vez de enfrentar esta crisis con soluciones técnicas que propusimos, el Ejecutivo nos llevó al Tribunal Constitucional”. Chahuán fue uno de los parlamentarios que aprobó el plazo propuesto por las isapres.
Superintendente citado al Congreso
Como una forma de explicar la particular modalidad de pago, para hoy fue citado a declarar ante la Comisión de Salud del Senado, el superintendente de Salud, Víctor Torres. “El proyecto de ley originalmente no tenía plazos. Cuando se plantearon reducir la deuda un tercio y dar un plazo de diez años, se acordó porque la deuda implicaba más de tres veces el patrimonio de las Isapres. Finalmente, el Congreso fijó plazos de hasta trece años. Eso fue lo que ocurrió”, explicó Torres.
