La propuesta de nueva Constitución no plantea expresamente un modelo económico en particular –porque ese no es rol de una Constitución- pero sí lo hace indirectamente al establecer una serie de normas que apuntan hacia principios por los cuales se debe regir un modelo económico. Estas directrices plantean un rol central del Estado para el cumplimiento de ciertos conceptos como solidaridad, ecología, e innovación, entre otros. El artículo 184 del capítulo V señala que: “El Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución. El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley. El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular”.
Se trata, en general, de un conjunto de preceptos que apuntan hacia un cambio de paradigma para la instauración de un nuevo modelo que han apellidado “de desarrollo sostenible”. El sistema económico no cambia. No pasaremos a la planificación centralizada ni al autarquismo. Seguirá vigente el mercado, pero con mayor participación y poder estatal, acompañado de mayores exigencias de protección ambiental, lo que para un país como el nuestro, que siempre ha explotado sus recursos naturales, significa un desafío enorme.
El sector privado tendrá que adecuarse, y este proceso puede ser muy positivo, en la medida que las empresas muestren proactividad en materias medio ambientales, sociales y laborales, todos estándares que están presentes en la mayoría de los países desarrollados.
Para los opositores a esta propuesta, de aprobarse, causará una enorme incertidumbre que afectará a la inversión y al crecimiento, dificultando así el financiamiento que requieren los derechos sociales. Legítima crítica, pero también discutible. Obviamente, se plantean mayores restricciones y controles y desarrollar empresas, en ese nuevo contexto que se plantea, es muy difícil, pero se puede hacer. Los estándares en todas estas dimensiones (ambiental, social y laboral) de los países desarrollados son más exigentes que los nuestros, así que se puede.
“La economía no es una ciencia exacta, no olviden que los postulados económicos subyacen sobre un conjunto heterogéneo de personas”, planteó Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía (1970), zanjó la discusión en desmedro de la pretensión de hacernos creer que el componente subjetivo, asociado a valores o fenómenos psicosociales, no tienen cabida en los debates económicos y que la economía es una “ingeniería”, que se rige por leyes físicas que solo un ingeniero conoce y puede manipular.
Afortunadamente para nosotros, la economía no funciona así. Los modelos económicos son construcciones humanas, inventos nuestros y como tales son moldeables. A lo largo de la historia humana ha habido múltiples y no hay razón alguna para creer que el actual es el definitivo o el más idóneo.
