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Como en todo el país, en Ñuble, el amanecer de aquella jornada del martes 11 de septiembre de 1973, se produjo entre allanamientos a dependencias públicas, bandos militares y operativos de Carabineros y el Ejército en cientos de hogares de autoridades de la Unidad Popular, militantes de izquierda, simpatizantes del gobierno y campesinos. Fue el inicio, a sangre y fuego, de la dictadura cívico militar que en la región dejó más de cuatro mil detenidos, al menos una veintena de ejecutados y alrededor de 64 desaparecidos confirmados.
Hace 50 años, se concretó el “Día D”. El golpe de Estado, que se venía fraguando desde la llegada al poder de Salvador Allende en 1970 por parte de altos oficiales de la Armada, junto a generales de Ejército y Carabineros; agentes de inteligencia de EE.UU.; industriales y empresarios, además de miembros del grupo de extrema derecha, Patria y Libertad, finalmente tuvo luz verde desde Valparaíso con la sublevación de la Armada que a eso de las seis de la mañana ya tenía el control del puerto principal. La orden era que tras ese primer hito, exactamente a las 08.30 horas, todas las sedes gubernamentales de regiones debían estar en manos de las fuerzas armadas.
En Ñuble, a las 07.30 horas de ese martes, un contingente de unos 20 carabineros y militares llegó hasta la entonces Intendencia regional (que pasó a ser la Gobernación Provincial de Ñuble por los siguientes años en que el territorio formó parte de la VIII Región del Biobío) para detener a las principales autoridades del ya atribulado Gobierno que, en medio de sabotajes, pero también de conflictos internos, una inflación desatada y el desabastecimiento de alimentos, veía como se desvanecía el sueño de la revolución socialista “con empanada y vino tinto”, un experimento visto con atención en todo el mundo puesto que era primera vez que un presidente marxista llegaba al poder por la vía democrática.
Ya en las afueras de los edificios públicos, otro grupo de militares del Regimiento Chillán mantenían acordonado todo el sector.
Donde se emplazó por años la gobernación provincial -en las ahora dependencias de la Delegación Presidencial y Gobernación Regional- el entonces Intendente de Ñuble, Juan de Dios Fuentes, un joven abogado militante del MAPU, quien había asumido el cargo a fines de marzo de ese año, se encontraba en la residencia reservada para la autoridad, ubicada en el tercer piso, junto a su esposa, con nueve meses de embarazo y un hijo de un año y medio.
De inmediato fue víctima de un trato radicalmente diferente al que estaba acostumbrado, por parte de las fuerzas de orden.
“Llegó una patrulla militar a detenernos y detrás de ellos una patrulla de carabineros, que quería también llevarme a mí y a mi familia. En ese momento se produjo una situación bastante conflictiva, porque el entonces prefecto de Carabineros, un señor Alvarez, quería fusilarnos de inmediato ahí fuera de la Intendencia, a lo que se opuso el coronel del regimiento Guillermo Toro Dávila”, recordó la autoridad regional en el año 2003 al revivir para La Discusión esa tensa jornada del 11, con motivo de los 30 años del golpe.
Literalmente fue la “diosa fortuna” en un momento límite, lo que salvó a Fuentes de la muerte. “Fue justo en ese momento cuando se sintió una fuerte explosión en las calderas, eso me sirvió para arrancar. Cuando intentaba salir del edificio me caí y perdí el conocimiento, entonces un cabo me llevó hasta el regimiento y desde ahí Toro Dávila me sacó a Quiriquina, de lo contrario me habrían matado a mí y a mi familia”, relató.
Como resultado del allanamiento, fueron detenidos Fuentes, junto al ex intendente Luis Quezada, quien también se encontraba a esa hora en el edificio, sumándose posteriormente Santiago Bell, otra ex autoridad regional, además de una veintena de personas entre jefes de servicios y funcionarios que permanecían a esa hora en el edificio.
De esta manera, y sin mayores sobresaltos, salvo el episodio de la caldera, que permanece aún sin explicación, los militares pasaban a tomar el control de la capital regional. Minutos después, fueron desalojadas las oficinas fiscales adosadas al edificio, como Registro Civil, Impuestos Internos y Correos, y sus funcionarios impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo.
Estado de sitio y el terror de las detenciones
Cerca de las nueve de la mañana, poco antes del último discurso de Salvador Allende en La Moneda, el prefecto de Carabineros de Ñuble, coronel Mario Alvarez Molina, informó de un comunicado oficial emanado desde la Dirección General, informándole de la constitución de la Junta de Generales, llamada con posterioridad simplemente Junta militar. El informe, asimismo, decretaba zona de Estado de Emergencia en Ñuble, quedando toda la provincia bajo las órdenes del comandante del Regimiento Chillán, coronel Juan Guillermo Toro Dávila. Policías y uniformados quedaron acuartelados en primer grado. En el resto de la provincia, fueron delegadas las labores de orden y seguridad en oficiales de Carabineros.
A las 10 horas, se informó del comienzo del estado de sitio, en virtud del decreto ley número uno de la Junta de Gobierno Militar.
A partir de ese momento, quedó prohibido el tránsito de vehículos y personas desde las 19 horas. Posteriormente, dicha orden se adelantó a las 15 horas.
Los primeros efectos del estado de sitio ya se hacían sentir en Chillán y todo Ñuble. Los militares dispusieron un fuerte control sobre los servicios básicos y comunicaciones.
Ese 11 de septiembre, una de las primeras medidas de la junta militar, a través del jefe de zona en estado de sitio, fue la destitución de los delegados zonales de instituciones públicas, como INIA, empresas eléctricas, de gas y teléfonos, que fueron asumidas por delegados militares.
Es a contar de esa hora, donde se registran los primeros patrullajes militares y de carabineros. La primera misión de los uniformados: detener a los líderes de los partidos Socialista y Comunista, y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Comenzaban los allanamientos en diferentes comunas de Ñuble buscando gente de izquierda y afín al Gobierno. Contrario a lo que se acostumbraba, a partir de este día, sería común ver a patrullas integradas tanto por carabineros como militares. Tales eran las órdenes emanadas desde la junta militar, replicada por la oficialidad de ambas instituciones.
Según ha quedado establecido en diversos fallos judiciales, las fuerzas armadas crearon en regiones como Ñuble organismos regionales de inteligencia, integrados por personal militar, carabineros y efectivos de la PDI, denominados SIRE los que estuvieron a cargo de las detenciones, torturas y ejecuciones durante los primeros meses del régimen militar. En 1974 se crea la DINA, la policía secreta establecida por el jefe de la junta militar, Augusto Pinochet, como forma de unir a los funcionarios de inteligencia de las ramas de las fuerzas armadas.
A las 15 horas, se informó de 40 detenidos, la mayoría profesionales de servicios públicos, como el agro, los cuales se habían entregado voluntariamente al Regimiento Chillán tras aparecer sus nombres en el primer bando militar.
“Me presenté cerca del mediodía junto a otros profesor de la universidad. Mientras nos chequeaban los antecedentes un conscripto estuvo apuntándonos como dos horas con un fusil”, recordó el 2003 para La Discusión, Héctor Ortiz Veas, por entonces concejal socialista y quien en 1973 era director del Departamento de Artes y Letras de la Universidad de Chile, sede Chillán.
Enfrentamientos y montajes
Por entonces las poblaciones se transformaron en puntos de alta tensión.
Por la tarde, a eso de las 18 horas, se escuchaban disparos en diversos sectores. Tras generarse alarma entre vecinos del sector surponiente, el coronel Toro Dávila afirmó que se trataba de enfrentamientos en las poblaciones El Toro y La Araucana. Testigos cuyas versiones constan en diferentes expedientes judiciales, afirman sin embargo que tales disparos fueron para sembrar el pánico en la población durante los allanamientos de las patrullas en aquellos sectores.
Lo cierto es que fue en poblaciones como Huambalí, “Por la razón o la fuerza” en Ultraestación y “Violeta Parra” hoy Luis Cruz Martínez, donde integrantes del MIR intentaron una resistencia encontrándose con serios problemas logísticos que hicieron dudar de la verdadera capacidad para hacer frente al fuego militar. “Hubo intención de resistir, de hecho se juntaron muchas personas dispuestas a defender al Gobierno a como fuera, siendo que ni siquiera tenían militancia. Sin embargo nos encontramos con un gran pero, no habían armas”, recordó Uldarico Carrasco, integrante de la unidad operativa del MIR en Chillán. Según Carrasco, “el MIR actuaba según las directrices superiores, nosotros esperábamos la información desde el comité regional y éste a su vez, desde el comité central, por lo que si nunca llegó información es porque a nivel central no se produjo”.
En Ñuble, la mayoría de los integrantes del MIR debieron esconderse. Un grupo intentó rearmarse en Minas del Prado, siendo repelidos por carabineros en Niblinto. José Romero Lagos y Rubén Varas Aleuy huyeron hacia el interior donde permanecieron dos días, hasta que fueron denunciados a carabineros quienes los detuvieron y asesinaron.
Patrulla de carabineros
Tras los disparos que se escuchaban en sectores poblacionales, alrededor de las 19 horas del mismo 11, el coronel Toro Dávila emitió un bando que generó terror. “Todo aquel que se enfrente a las fuerzas de orden será considerado francotirador y como tal se efectuará sobre él toda la potencia de las armas de fuego, en tanto quienes sean tomados prisioneros se les aplicará la acción de los tribunales militares en tiempos de guerra y serán fusilados, igual procedimiento se seguirá con personas que sean sorprendidas con armas o explosivos”.
La notificación militar dio pie a una intensificación de la acción represiva, centrada ahora en allanamientos a instituciones públicas, como la sede de la Universidad de Chile y en la sede de la Corporación de la Reforma Agraria.
En la práctica, los días siguientes las patrullas militares y de carabineros barrieron la naciente provincia. Según la Comisión Valech, todas estas detenciones fueron arbitrarias y propiciadas por agentes del Estado.
El 16 de septiembre, la comunidad quedó perpleja al presenciar la ejecución ni más ni menos que del alcalde de Chillán, el socialista Ricardo Lagos Reyes, su esposa, Alba Ojeda, embarazada de seis y un hijo, Carlos Lagos Salinas. Tres días antes, el propio Toro Dávila había confirmado en el cargo a la autoridad edilicia.
Por este emblemático caso fueron procesados Luis Gajardo (quien murió en 2013) y los ex carabineros, Juan Francisco Opazo, Pedro Loyola y Arturo Alarcón. Solo Gajardo sería condenado.
La misma patrulla participaría en varias de las detenciones de muchos ejecutados y desaparecidos que vendrían los días siguientes.
Para Eduardo Contreras Mella, abogado querellante y ex alcalde de Chillán, quien precedió a Lagos Reyes, “esta no fue una banda de carabineros que actuó en forma irresponsable por su cuenta, hubo un orden desde arriba que pasa por Guillermo Toro Dávila, pero que vino de Pinochet”.
