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De acuerdo a la Encuesta de Empleo del INE, los trabajadores informales representan el 36,7% de los ocupados, es decir, en el trimestre agosto-octubre de 2019, de los 206 mil 317 ocupados en la región, 75.681 no tienen contrato de trabajo.
Según un estudio del Cerregional, elaborado con datos del INE, es una cifra inferior a la de igual trimestre de 2018 (81.710), pero superior a la de agosto-octubre de 2017 (69.562).
De esta forma, Ñuble se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, después de La Araucanía (38,4%), Los Ríos (37,3%) y Tarapacá (37,0%), y sobre el promedio país (29,1%).
En opinión del investigador Renato Segura, director del Cerregional, “la alta informalidad da cuenta de un mercado laboral poco desarrollado” y explicó que “tiene impacto en la inequidad, toda vez que frente a tareas similares, los salarios brutos tienden a ser menores. También tiene efectos en la justicia social: los trabajadores están desprotegidos frente a contingencias negativas en el empleo, la seguridad social, la salud ocupacional y el ahorro previsional”.
En Ñuble, los sectores que concentran mayor número de trabajadores informales son: el silvoagropecuario, el comercio, la construcción y los hogares como empleadores.
Segura expuso que “las actividades productivas estacionales, con poco valor agregado, como es el caso agrícola, contribuyen a este fenómeno. Pero no es la única razón. Por el lado de la demanda, la rigidez de la legislación laboral y los costos asociados a la desvinculación del trabajador, contribuyen a la informalidad en los empleos temporales. Por el lado de la oferta, los bajos salarios vigentes en el mercado, en un marco de bajo valor agregado, aumenta el costo de oportunidad asociado a las prestaciones sociales, lo que encarece la formalidad para el trabajador”.
En ese sentido, el investigador subrayó que “la informalidad en sectores formales de la economía es una de las razones que mantiene a Ñuble en la zona de mayor vulnerabilidad de sus ocupados”. Frente a esto, planteó que “se requiere utilizar la educación y la ‘política del garrote y la zanahoria’. La educación, para revelar al trabajador el verdadero costo de la informalidad, y la ‘política del garrote y la zanahoria’ en cuanto a aumentar la fiscalización y las multas a la contratación informal, e incentivos (incluida una mayor flexibilidad de la ley) a empresas y trabajadores para que la norma sea la formalidad”.
Finalmente, reconoció que el proyecto de ingreso mínimo es un desincentivo a la informalidad. “Los trabajadores sin un contrato de trabajo, no pueden optar al beneficio. Así como esta ley, debiesen ligarse nuevos beneficios sociales al contrato de trabajo, que contribuya a disminuir las lagunas previsionales de los trabajadores y la exposición al riesgo que genera la informalidad en la relación laboral”, puntualizó.
