El pasado 10 de junio, cámaras de seguridad ubicadas en la ruta captaron a varios camiones cargados con madera, presuntamente robada, rompiendo las barreras del peaje Agua Amarilla, de la Ruta Itata, que accede a la región de Ñuble.
Ya no es solo la maniobra de antaño, de pasar carga ilegal justo en los cambios de turno de las patrullas fiscalizadoras, sino que –tal como ocurre con la delincuencia callejera- quienes están detrás de estos delitos han adoptado una actitud mucho más violenta, temeraria y con todo desparpajo, ejecutan estas acciones de día o de noche y totalmente advertidos de las cámaras, que poco y nada pareciera importarles.
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Además, de acuerdo con antecedentes policiales, los vehículos de carga provenientes desde la Provincia de Arauco con dirección a la Región de Ñuble, no solo no pagan, sino que eluden también el control de peso obligado en la romana.
Apenas un mes antes, seis camiones cargados con madera extraída en la macrozona sur fueron incautados por Carabineros en distintas comunas del sur del país, entre ellas Chillán, en la localidad de Quinchamalí.
El parte policial emanado por Carabineros certificaba que provenían desde el predio Yane (Provincia de Arauco, Biobío) y el operativo se gestó tras diversas denuncias presentadas ante la Primera Comisaría de esa comuna, advirtiendo que en la Ruta P-328, a la altura del kilómetro 10, habían ingresado 10 camiones.
Cada vehículo tendría una carga avaluada en un millón y medio de pesos cada uno. Los otros cuatro camiones no pudieron ser encontrados.
Esta situación, lejos de ser una novedad, a juicio de las empresas afectadas, se viene repitiendo desde hace cerca de ocho años, aunque en una clara escalada de violencia.
Así lo explica el ingeniero forestal y expresidente de Corma (Corporación Chilena de la Madera) Biobío, Jorge Serón, quien comentó que “esto ya tomó una connotación de escala, o de robo industrial, hace unos ocho años, cuando se agudizó el tema de la Zona de Conflicto de la Araucanía, con el pretexto de hacer recuperaciones territoriales, que es un tema bastante fuerte. Comenzaron a aparecer estas organizaciones que empezaron a ser muy relevantes en el tema del robo de madera”.
La pregunta que resta por hacer es por qué esos camiones intentan ingresar a Ñuble. Si se es solo por ser un pasillo natural hacia el norte del país, o porque estas organizaciones criminales encuentran nichos de venta que les permitan reducir lo robado.
Alejandro Bocaz, uno de los dueños de la Barraca Bocaz de Chillán, dice “a mí me han ofrecido como cinco veces. La última vez fue hace seis meses, aunque no creo que se trate de las mismas personas”.
De todas formas, consultado el Ministerio Público de Ñuble, se confirmó a La Discusión que a la fecha no hay causas por este tipo de delitos en ningún tribunal de la región, y la PDI tampoco tiene ordenes vigentes que investigar en cuanto a este tipo de ilícitos.
Origen
En la empresa Arauco cuentan con una lista interminable de denuncias bien documentadas y llenas de detalles y evidencias que incluyen videos grabados desde el aire donde se ven equipos enteros trabajando con camiones, cargueros y decenas de personas en faenas de robo de madera.
Este tipo de documentación le ha permitido a la policía entender varias de las estrategias utilizadas por los delincuentes para este megarobo, que según estimaciones de diversos actores del rubro maderero, ya se empina por los 100 millones de dólares, solo este año.
La más básica es el del ingreso a predios de empresas particulares y proceder a talar los bosques, ni siquiera discriminando cuando se trata de árboles nativos.
Por otra parte, considerando que el Servicio de Impuestos Internos (SII) exige en la hoja de ruta de la venta la ubicación georreferenciada del predio de donde proviene la madera, “muchas veces ocupan como referencia una misma hectárea para justificar el transporte o la venta de más de 10 mil metros cúbicos, cuando en realidad de ahí no se podría sacar más 500”, explica Jorge Serón.
El ingeniero sostiene que es evidente que quienes están detrás de estos robos son personas que conocen muy bien el rubro, sus formas de administración, el manejo de equipos e incluso la hoja de trazabilidad que se exige por ley. “Han demostrado ser capaces y tener las tecnologías y los conocimientos para falsificarlas y así engañar a fiscalizadores y compradores”, precisa.
De esta manera le resta responsabilidad a los dueños de las barracas, ya que a su entender, más que ser partes de la cadena delictual, son -por el contrario- parte de las víctimas.
“Se está falseando el origen de estas maderas, estas organizaciones las blanquean haciéndolas aparecer como si provinieran de manera lícita, entonces no creo que los dueños de las barracas estén conscientes de que compran madera de origen irregular, ya que a ellos les presentan toda la documentación que se exige, porque tengo la certeza de que ninguna barraca quiere abastecerse de maderas robadas, me costaría pensar que esa sea la forma de trabajar de una pyme de este rubro”, insiste.
Otra figura recurrente es la de la usurpación de predios. Esta consiste en presentar documentación falsificada con la que se asegura que cierto predio, que alguna vez un cierto particular le vendió a una empresa forestal, había sido traspasada previamente al particular que la reclama.
Como ni la empresa ni Carabineros tiene competencia en materia de documentos legales, no es posible averiguar de manera instantánea si las escrituras presentadas son o no falsas. Y en el tiempo en que se puede hacer la investigación correspondiente en el Conservador de Bienes Raíces, los delincuentes ya habrán podido talar y robarse la madera del predio.
Al menos en Chillán, las barracas existentes no superan las 14 ó 15. Pese a no ser muchas, la relación entre los dueños si bien es leal y cordial, no hay mayor relación entre sí, por lo que no existe un gremio ni ningún otro tipo de figura que les permita obrar en conjunto.
De todas maneras, cada uno de los dueños o administradores de estas pymes ha buscado garantizar sus servicios y transparentar sus gestiones por medio de certificaciones internacionales como la FSC, que apunta a una trazabilidad medioambiental.
Es el caso de Alejandro Bocaz, quien dice que para otorgar la máxima seguridad de legalidad a sus clientes, debe velar “primero, por el manejo del control de compras, y así conocer de dónde la trajeron, porque yo como particular certificado FSC tengo que tener las garantías que todo el proceso de compra y venta, no solo sea legal, sino que cumplan con una serie de exigencias, incluso medioambientales. Por ser FSC, entonces, no puedo comprar madera en condiciones irregulares”.
Por otra parte sostiene que como rubro están muy pendientes de todo lo que significa la presencia de estas mafias operando en la zona, y saben que no solo significa un mercado negro que les asegura abastecimiento en tiempos de carencia, sino que una serie de problemas asociados.
“A veces hemos visto que un mismo cargamento se lo venden a dos particulares distintos, o incluso hay personas que como tienen dudas respecto al origen de la madera, solicitan ir a ver el fundo de origen que se especifica en la hoja de ruta. Cómo se trata de un sistema de coordenadas por GPS que es exigida por Impuestos Internos, a veces te encuentras que el bosque declarado no era el que supuestamente generó la madera, sino que la sacaron del fundo del lado y por eso engañaron al GPS”.
Respecto a la falta de fiscalización en las carreteras -que es una de las críticas transversales- relata que antes era común ver carabineros junto a equipos de inspectores de Impuestos Internos fiscalizando a los camiones en las plazas de peajes, si detectaban algo anómalo al revisar las guías actuaban de manera inmediata. “Hoy en cambio, no se ven controles. Y si llegan a ponerse a controlar, los camioneros se bajan y empiezan a apedrear a los carabineros”, denuncia.
Por otro lado, más allá del problema del robo de madera, el empresario chillanejo propone que detrás de eso hay algo aún más grande.
“Por ejemplo, el dueño de cualquier barraca podría comprar la totalidad de su madera robada, pero si la vende tendría que pagar mucho impuesto, específicamente, el 27%, porque no tiene costo de formación, entonces no sería negocio comprar robado. La pregunta es cómo lo hacen para saltarse el impuesto… Acá hay toda una cadena, es todo muy extraño”, detalla.
Es por esto que plantea que estas mafias -como las llama- posiblemente gocen de una red de protección que viene de las esferas mayores de poder en el país.
“Cuando un gobierno, y estoy hablando de Bachelet, Piñera y de este Gobierno, te sale con el discurso de que a los mapuches les robaron sus tierras y con eso las empresas han ganado millones de dólares, qué importa que les roben un poco a ellos, entonces el apoyo político que debería tener Impuestos Internos y Carabineros, sencillamente desaparece. Si te dijera que Carabineros o la PDI han venido alguna vez a realizar fiscalizaciones de rutina, te mentiría, eso nunca pasa”, asegura.
Es entonces que pareciera cobrar sentido lo que -muy en off the record- algunos trabajadores de las grandes empresas madereras aseguran: “muchos saben quiénes son los que roban, quiénes los que compran y quiénes organizan todo esto, pero nadie se atreve a denunciar porque nadie quiere que al otro día le manden a matar un hijo”.
Sobre esta aseveración, Michel Esquerré, presidente de la Asociación gremial de pequeños y medianos industriales de la madera(Pymemad), dice que “eso es cierto, hay mafias aquí y las mafias en todas partes matan, sobre todo ahora que ya hay sicarios en Chile y todos los días matan a alguien”.
Acusan abandono del Estado
Cuando estas organizaciones criminales han ofrecido madera en las barracas de Chillán, ni siquiera las ofertan a un precio menor al que exhibe el mercado legal. En realidad es o el mismo o incluso levemente más cara.
Y si existe interés en comprar a mayor precio en el mercado negro es debido al desabastecimiento de madera que ha estado observándose en el país, lo que a su vez ha aumentado los precios con que finalmente llegan a las manos de los clientes.
Y si una barraca no tiene el stock mínimo necesario, como pyme, el riesgo de quebrar es muy alto.
La estimación de madera robada en el sector de La Araucanía en estos últimos años ya supera los mil millones de dólares, y los camiones ya cuentan con rutas preacordadas que los llevan “desde Los Ángeles hasta El Maule, a barracas grandes, chicas, de todo” apunta Michel Esquerré.
Sin embargo el dirigente hace hincapié en un aspecto algo más complejo para explicar porqué a las mafias les basta con apoderarse de una sola región del país para poner en jaque el abastecimiento nacional.
“Aquí cobra relevancia el tema de la concentración del negocio, no hay mucho de dónde elegir y ni hay mucha competencia ya que en todo el país quienes concentran la venta de la madera son apenas dos compañías, Arauco y CMPC, nada más”, dice, y apunta al Estado como el principal responsable de que eso haya sido así.
A su juicio, esa misma desatención por parte de las autoridades, que permitieron a las forestales ocupar los predios sin mayores restricciones, es la que luego se observa cuando son las forestales -ahora- las que están sufriendo en esa zona.
“Esto partió con el total abandono del Estado en La Araucanía, y cuando nadie hace la pega en materia de seguridad y control, la informalidad siempre crece, entonces la suma de cosas irregulares se empiezan a repetir. Tampoco hay controles en la carretera en otras regiones, pero esto es solo por falta de voluntad política”, explica.
Esa frase: “Voluntad política” se repite en las reflexiones de empresarios, transportistas, en los dichos de Jorge Serón y en los dueños de las barracas. Casi por consenso pleno se critica que los gobiernos de turno, sencillamente, prefieren desentenderse de la materia.
Entonces, mientras Alejandro Bocaz acusa nula capacidad fiscalizadora y persecutora de los actores del sistema procesal penal, Serón agrega que “aún no se termina de discutir en el Congreso si se aumentan las penas relacionadas con este robo de madera, pero pasan los años y nunca sale nada en concreto”.
Y aunque el diagnóstico parece poco alentador, todos coinciden en que se debe hacer una mesa de trabajo en las que participen todas las entidades competentes y relacionadas al fenómeno, para combatirlo de manera efectiva e integral
“Aquí deberíamos ver una articulación entre Impuestos Internos, Conaf, Carabineros, la PDI, pero insisto, no hay voluntad política. Nosotros hemos solicitado reuniones con el Ministerio Público, con las policías, les hemos pedido apoyo, pero todo sigue igual”, lamenta Esquerré, quien describe la situación como un cáncer.
“Y uno que ya está muy ramificado. Y si este cáncer sigue así, podríamos llegar a lamentar un golpe muy grande a toda la economía, que no haya plata para los impuestos, ni para financiar los programas de Gobierno, entonces las consecuencias las vamos a sentir a largo plazo”, agrega.
Advierte que “esto no va a terminar hasta que el Estado le ponga fin al problema de La Araucanía, no puede ser que personas ajenas al Estado tomen el control del Gobierno, pero el fracaso del Estado en materia de seguridad está demostrando que las mafias les están ganando, lo que vemos hoy es que el sistema está muy dañado, muy dolido, el sistema ya está muy colapsado, y esto parte de mucho antes, desde cuando a las empresas forestales se les dejó hacer lo que quisieron, sin ninguna regulación estatal”.
Proyecto del Gobierno
En el Gobierno este creciente fenómeno delictual también ha estado siendo objeto de una fuerte presión. Es por eso que la ministra del Interior, Izkia Siches, como respuesta a la presión ejercida por la oposición en el Senado, anticipó a inicios de esta semana -en el mismo Congreso Nacional- que ingresarán indicaciones al proyecto del robo de madera, en donde buscará “mejores capacidades investigativas para enfrentar, hoy día, un ilícito que enriquece a bandas organizadas de la zona”.
Al menos, ya en la comisión de Seguridad se encuentran actualmente dos proyectos confeccionados por la oposición que fueron ingresados sobre el robo de madera y la usurpación de tierras, por lo que desde la centroderecha solicitan al Gobierno del Presidente Gabriel Boric le ingrese urgencias y presente indicaciones.
Fue, entonces, en el marco del debate por la extensión del Estado de Excepción, que la ministra Siches, sostuvo que a lo largo del 2022. el número de detenciones por robo de madera llegó a 128 casos.
“Durante este año, ya se han detenido 128 personas vinculadas al robo de madera. Pero además, presentaremos indicaciones al proyecto de robo de madera, y buscaremos mejores capacidades investigativas para enfrentar, hoy día, un ilícito que enriquece a bandas organizadas de la zona”, manifestó a Radio Bío Bío.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, indicó al medio antes citado que las proyecciones de las pérdidas por el robo de madera durante este año alcanzan los 92 millones de dólares.
Desde la presidencia de la Comisión de Seguridad, el senador socialista José Miguel Insulza precisó que despacharán la iniciativa a Sala durante la primera quincena de julio, reconociendo que en cuanto al proyecto de usurpación de tierras, están lejos de llegar a un acuerdo.
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