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El mandato de los senadores y diputados se origina en el voto popular y adquiere sentido no sólo en la elección de estos representantes, sino en el cumplimiento de sus obligaciones con sus mandantes. Las atribuciones que tienen los parlamentarios están señaladas en la Constitución Política del Estado, pero son dos que les otorgan responsabilidad expresa ante los ojos de la población: legislar y fiscalizar. Legislar tiene que ver con la realidad presente del país y con la vida de las personas e incluso en el precepto avanzado de este acto ahora se habla de legislar bien, es decir, con razón o acertadamente.
Se dice, de manera crítica, que hay parlamentarios y parlamentarias que actúan más por consigna u orden de partido que por razón, es decir, legislan sin el debido razonamiento y/o para satisfacer a grupos de interés que le aportan votos o recursos para las campañas que les permiten obtenerlos.
Una evaluación sobre esas circunstancias no debería estar ausente respecto al trabajo de senadores y diputados, sobre todo de aquellos y aquellas que aspiran a ser reelectas el próximo año.
Por otra parte, es importante preguntarse si realizar más discursos o entrevistas en la radio o la TV es realmente un factor de productividad legislativa. ¿Cuántas apariciones en la prensa registran nuestros (as) representantes en el Parlamento solo para contribuir a la crispación política o prometer lo que no está a su alcance, como obras de adelanto o la aprobación de recursos públicos?
Una apreciación sobre esa circunstancia tampoco debería estar ausente respecto al trabajo parlamentario, lo mismo que sobre el uso que le han dado a las asignaciones que reciben cada mes y que son recursos que se destinan en el presupuesto de la nación para el apoyo de la labor legislativa y distrital. Y si bien desde 2021 hay mayor control gracias a la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, esta partida se sigue prestando para abusos, al ser utilizada con fines proselitistas o para devolver favores políticos a quienes forman las redes de apoyo para las elecciones.
De hecho, sería conveniente que un ente plenamente externo al Congreso, no el Comité de Asignaciones que es un organismo dependiente de ambas cámaras, las revise cuenta por cuenta, parlamentario por parlamentario y se le informe a la ciudadanía el resultado. Si son gastos pertinentes, bienvenidos sean y, si no, que se sancione lo necesario y se ajusten una vez más los mecanismos de control.
Este Comité de Asignaciones debiera tener un grado de independencia sustantivamente mayor respecto al Congreso, de manera permanente, si es que el velo de desconfianza ciudadana se quiere levantar completamente.
Más allá de las políticas partidarias, el ciudadano tiene derecho de exigir, a quienes deliberan en su nombre, lo hagan en beneficio de las personas que los eligieron y en término más amplio en beneficio de la democracia y su fortalecimiento. En este sentido, sería muy conveniente medir la relación entre el uso de los fondos destinados a cada senador y diputado y la productividad de su gestión, como impacto positivo en el crecimiento y desarrollo del país y, especialmente, de la zona a la que representan.
