En los países desarrollados (OCDE) el nivel central tiene a su cargo la definición de solo el 50% del gasto fiscal los gobiernos locales la otra mitad. En Chile, en cambio, el poder de asignar los recursos está en Santiago, con el 85% de la toma de decisiones; mientras regiones y municipios asignan en forma autónoma la pequeña fracción restante, un 15%, margen que incluso disminuirá como consecuencia de la desmunicipalización de la educación.
Lamentablemente, este cuadro difícilmente cambiará en la actual administración, ya que todo indica que después de la reforma aprobada la semana pasada, ya no se meterá mano nuevamente en el sistema. De esta forma, la idea de que las regiones recauden los impuestos provenientes de las empresas que se instalen en su territorio, deberá seguir durmiendo el sueño de los justos, pese a toda la evidencia presentada y lo poco ético que significa normalizar un subterfugio como el de aprovechar los sistemas contables para pagar en la casa matriz, que generalmente está en la capital.
Esta desviación de un sistema hipercentralizado y su posible solución, viene siendo expuesta hace décadas por estudiosos y organizaciones regionalistas. La última fue de la Fundación Chile Descentralizado y contó con el aval de la ex Presidenta Bachelet, sin embargo nunca llegó a puerto. Allí se proponía la coparticipación de las regiones en la recaudación fiscal nacional mediante una serie de tributos descentralizados para gravar a generadoras de energía y forestales y a las cadenas del retail en las zonas donde están emplazadas.
Las dos primeras se asocian a un derecho a compensación y reparación que tiene el desarrollo, sobre todo cuando los beneficios no van directamente a quienes sufren sus efectos negativos. En el caso del retail, un tributo descentralizado vendría a nivelar la cancha y terminar con las escandalosas diferencias hoy existentes en el pago de patentes municipales. En Chillán, por ejemplo, hay supermercados que pagan cada seis meses $4.000 por concepto de patente, mientras que una empresa local cancela 4 millones y un vendedor ambulante del orden de 75 mil pesos.
La realidad descrita y las propuestas para superarla -no todas, pero la mayoría- son hace tiempo conocidas. De hecho, la actual Constitución permite, a través de una simple ley, que determinados tributos que gravan actividades o bienes con clara identificación regional o local, puedan ser afectados para fines de desarrollo de la propia localidad.
Pese a ello, en los últimos 30 años ninguna iniciativa de este tipo ha prosperado y la razón es simple: nunca ha existido voluntad política para promover tales cambios. ¿Será ahora distinto? Todo indica que no, pues los actores políticos llamados a impulsar el cambio son prácticamente los mismos de hace tres décadas y los grupos de poder e intereses afectados también.
Para muchos puede resultar una quimera seguir pidiendo una efectiva descentralización a quienes han hecho todo lo posible por mantener el actual modelo, sin embargo, si realmente estamos ante la posibilidad de un nuevo pacto social, no podemos dejar de demandar un cambio en esta materia.
No habrá solución a la profunda crisis de desigualdad y trato en el país, si no hay solución también a las comunas y regiones del país, pues la desigualdad territorial agrava, profundiza y agudiza las desigualdades sociales.
Texto: La Discusión
