Convivir con el progreso tiene sus costos y ventajas, pero es algo prácticamente inevitable y que recién estamos aprendiendo a manejar. Este es un proceso que lleva tiempo, voluntad política y recursos y que varía de acuerdo al desarrollo de los distintos países y los tipos de sociedad.
La construcción de una industria, un vertedero, una autopista urbana, una cárcel, centrales eléctricas e incluso edificios, producen un impacto directo en el lugar donde se emplazan. Comodidad, conectividad, un ambiente favorable para el desarrollo de otros negocios, adelantos que mejoran la calidad de vida de las personas son una cara de la moneda. En la otra hallamos impactos ambientales, visuales, culturales y en la plusvalía de la tierra.
En definitiva, el desarrollo económico no es gratuito y si bien conlleva mejoras para muchos, también implica deterioro y efectos negativos, generalmente de largo plazo, para la naturaleza y grupos humanos que resultan directamente afectados y que no son debidamente compensados.
Una manera de abordar estos costos son los impuestos que se recaudan en relación con las ganancias que la empresa genera y que van directamente a todos los chilenos a través del presupuesto general de la Nación que los redistribuye de acuerdo a las necesidades nacionales. Otra forma de enfrentar estos costos es estableciendo ciertos beneficios monetarios a quienes se vean afectados directamente, en este caso los habitantes y las comunas que soportan el impacto ambiental.
La Constitución Política de nuestro país permite, a través de una reforma legal, que determinados tributos que gravan actividades o bienes con clara identificación regional o local, puedan ser afectados para fines de desarrollo de la propia localidad.
Otro argumento que podría favorecer un mayor retorno o compensación de ciertos sectores como el energético, está en el antecedente del royalty minero, que se estableció para las empresas que explotan el recurso del cobre. Hay parlamentarios que lo han planteado respecto de las centrales de energía e incluso del agua, pues consideran que es un error no establecer un gravamen, pues significaría darle un valor cero y estimar que no tiene demanda, lo cual claramente hoy no es así y se transforma también en un recurso natural cada vez más escaso.
Sin embargo, no debe dejarse de lado en esta discusión el hecho de que los tributos tienen ciertas restricciones en cuanto a su aplicabilidad como elemento redistributivo y que en el caso de un servicio básico, como la energía, éste podría ser traspasado posteriormente al cliente final, y así lo que se recibe con una mano se pierde con la otra.
Lo interesante de este debate viene dado por el hecho de la mayor conciencia que están tomando los habitantes y autoridades regionales y comunales en cuanto al derecho a compensación y reparación que tiene el desarrollo, sobre todo cuando los beneficios no van directamente a quienes sufren los efectos negativos de este crecimiento. Lo demás se sigue discutiendo, sin mucha convicción, en el Congreso de la Nación.