Ante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en diversos rubros del quehacer nacional e internacional, propicio es cuestionar su eficiencia en la automatización de procesos para la toma de decisiones en las instituciones y las personas, en este caso, en el tema tributario.
Retrocediendo un poco al pasado, antes de la irrupción de la IA, en enero de 2008, la Ley N°20.421 estableció un incentivo tributario de un 35% del total de pagos en dinero en favor de contribuyentes de la Primera Categoría que destinen recursos a Inversión y Desarrollo (I+D) con la debida certificación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el cumplimiento de las instrucciones descritas en la circular N°61 de octubre del mismo año. Como resultado de la aplicación de esta ley, la inversión en I+D aumentó de $5.000 millones a más de $300 mil millones hasta el año 2023, según el Dr. Iván Suazo, Vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma.
Esta normativa y su beneficio tributario expira en diciembre del año 2025.
Hoy, en el marco del Pacto Tributario en Chile, considerando que cada gobierno presenta proyectos de ley que modifican la normativa tributaria y cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su ex director Hernán Frigolett, presentó una querella por el caso “audios” en donde habría un perjuicio fiscal de más de $1.015 millones desde 2020 hasta agosto de 2024, ¿se ha consultado renovar el crédito tributario por inversiones privadas efectuadas en I+D para generar programas con IA que detecten incumplimientos tributarios sobre la base del comportamiento de los contribuyentes? Según García-Herrera (2020) “la segmentación de contribuyentes a través herramientas tecnológicas avanzadas permite clasificarlos en función de la probabilidad de incumplimiento, iniciándose los controles en los supuestos de mayor probabilidad de ocurrencia y, en consecuencia, en los casos más graves”.
Las infracciones y delitos tributarios del artículo 97° del Código Tributario, son materia del pacto citado, que busca, entre otros aspectos, disminuir la evasión y elusión tributaria y aumentar la recaudación. En este sentido, según la Dirección de Presupuestos (DIPRES), más del 85% del gasto fiscal se soporta con IVA y renta que, en los último tres años ha recaudado un 49,7%, 44,1% y 48,6% en IVA, y; un 41,7%, 48,8% y 42,2% en renta.
Como se puede apreciar, el deber cívico ineludible es responsable de solventar gran parte de prestaciones de salud, subsidios habitacionales, beneficios sociales, entre otras responsabilidades del Estado. Fomentar la inversión en las PYMES y su correspondiente incentivo tributario en materia de Inteligencia Artificial, cuando está todo el auge en esta materia, en conjunto con los derechos de transparencia en el uso de información de los contribuyentes, impele a las autoridades a responder, por el bien social, a los requerimientos de la sostenibilidad en los ingresos del Estado y a la demanda de un mercado globalizado.
