En el contexto del Caso Led, los abogados representantes de los imputados por delitos de corrupción, Ricardo Vallejos y Marcelo Campos, exfuncionarios de la municipalidad de Chillán, han visto rechazadas en 17 oportunidades sus solicitudes por revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos desde el 9 de mayo de 2020.
Y sobre esto se han pronunciado indistintamente los juzgados de Garantía de San Carlos y Chillán, la Corte de Apelaciones de Chillán y la Corte Suprema.
Las últimas resoluciones desfavorables se registraron el día de hoy.
La Corte Suprema, en Santiago rechazó el amparo presentado en favor de Vallejos, por parte de su defensor, Juan Carlos Manríquez, quien argumentaba que tras la reformalización del caso, en abril de este año, se asentaba más su tesis de no participación en los delitos de cohecho que le imputa la Fiscalía, en relación con la empresa Itelecom, que se había adjudicado fraudulentamente la licitación para el recambio de luminarias públicas en Chillán.
Minutos después, el Juzgado de Garantía de San Carlos, hacía lo propio con la solicitud del abogado Giovanni Gotelli, representante de Marcelo Campos.
Gotelli dijo a LA DISCUSIÓN, que “lamentablemente creemos que estamos ante un juzgado con sesgo a favor de la Fiscalía. La verdad no se entiende y no nos parece justo que mientras otros imputados en esta causa, a quienes se les ha acusado por delitos aún más graves, y que involucran mucho más dinero del que se asocia a mi representado, estén con cautelares en libertad, mientras que el señor Campos sigue privado de Libertad”.
Consultado por la cantidad de veces que se ha rechazado los intentos por excarcelar a Campos y Vallejos, Gotelli dijo que “yo sólo puedo hablar por mi, y voy por otro intento ya que pienso apelar de esta resolución y confío en que el criterio de nuestra Corte de Apelaciones sea más justo”.
Finalmente, Gotelli se quejó porque “en la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos dice que yo admito los delitos de violación de secreto y eso no es así. Todo lo contrario, he dicho que el señor Campos jamás entregó información privilegiada a nadie”.
Sustento a la imputación
Respecto a la resolución judicial, la jueza de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez, explicó que se fundamenta en que los antecedentes incorporados en la reformalización darían mayor sustento a la formalización en cuanto a la forma en que habría intervenido el imputado en esta licitación.
Apunta en específico a “como habría entregado información, como habría intervenido en los diversas comisiones que habrían efectuado y elaborado este tipo de bases licitatorias y posteriormente la adjudicación de la misma”, sostuvo la magistrada Gómez.
