El pasado 2 de abril se dio por validada la ley 21.226, promulgada en el contexto de la pandemia sanitaria por el coronavirus, que permitía que los juicios orales pudieran suspenderse, reprogramarse e incluso realizarse por videoconferencia.
Esta última opción supone la presencia del imputado que está en calidad de preso preventivo, en una oficina de Gendarmería, frente a un computador para poder conectarse a la sesión telemática.
Sin embargo, y atendiendo a una disposición de orden nacional, la Defensoría Penal Pública, ha optado por no acceder a esas videoconferencias, por determinar que lesiona el ejercicio del defensor, quien constantemente necesita conferenciar o hacerle preguntas a su representado, lo que este sistema remoto, se lo impide.
A lo anterior, agregan que “consideramos que no es digno para un imputado asistir a un juicio en esas condiciones”, señaló el defensor regional, Marco Montero, a LA DISCUSIÓN.
En este escenario, el total de causas que se han debido reprogramar en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán, son 95.
Y eso se debe sumar “los autos de apertura que han llegado que siguen pendientes, significan 115 juicios”, advierte la magistrado Claudia Montero, presidente del TOP.
Como es fácil de suponer, la cifra le preocupa de sobremanera porque a su juicio “se trata de una cantidad de causas que nos podrían hacer colapsar el sistema. Hay que entender que se nos viene una avalancha de juicios, me refiero a que tendríamos que hacer tres juicios diarios, y no contamos con la cantidad de jueces necesarios para hacerlo”, somos solo siete y funcionamos en dos salas”.
La magistrado advierte, consecuentemente, que “se trata de una cantidad de juicios que representa el trabajo de cinco meses, pero no podemos obligarlos (a la DPP) a realizar los juicios por videoconferencia, pese a que están todos los medios tecnológicos para realizarlos y con todas las garantías que ellos soliciten”.
Hasta la fecha, se ha realizado solo un juicio oral por vía telemática, desde que arrancó la crisis sanitaria en Ñuble, y esto se debe a que la imputada (por tráfico de drogas) contaba con un abogado particular, por lo que la DPP no tomó el caso.
El próximo juicio está agendado para el 19 de junio venidero. Se trata de una causa de la DPP, sin embargo, Marco Montero advirtió que ellos insistirán en no realizar defensas por videoconferencia.
Las razones de la Defensa
Marco Montero explica que lo que han planteado como defensoría es que los juicios virtuales no les permiten trabajar con eficacia.
Por ejemplo, cita la necesidad de contrastar evidencia material, de mostrar declaraciones a los testigos, para evitar contradicciones, “porque en el control de la prueba de cargo, necesitamos realizar interrogatorios de calidad o un contraexamen de quien depone en contra de tu cliente y además, perdemos todo lo que nos entrega el lenguaje no verbal, si se desarrolla un juicio por videoconferencia”.
Finalmente, aclaró que “nosotros no buscamos ni entorpecer el trabajo del tribunal ni el de la Fiscalía, sólo buscamos velar por los derechos de nuestros defendidos y esta tecnología que se nos ofrece, no nos parece la adecuada”.
Reunión del jueves
En tanto, Jacqueline Guíñez, seremi de justicia y quien preside la Comisión Regional de Coordinación de Justicia Penal, explicó que habrá una mesa este jueves en la “que pedimos que nos hicieran las propuestas necesarias para solucionar este problema”.
A la vez advirtió que “está en manos de la Corte de Apelaciones mediar y buscar las fórmulas que garanticen el correcto trabajo de los intervinientes en estos juicios”.
