Cuando en 2022 el Gobierno anunció la promulgación de la “Ley Papito Corazón”, como se apodó a la ley de Pago de Pensiones de Alimentos, la iniciativa se acompañó de fuertes campañas informativas para incentivar a personas a acudir a esta nueva herramienta para perseguir a los deudores, mediante las nuevas formas que proponía la moción.
Así, mientras los ministerios aplaudían los resultados, ya entonces los funcionarios de los tribunales de Familia del país advirtieron sobre la necesidad de potenciar los equipos para amortizar el predecible aumento de causas -no solo de pensiones- que se les venían, porque además, el Ministerio de Justicia logró modernizar y crear nuevas corporaciones de Asistencia Judicial en comunas rurales para acercarse a ese mundo.
En Chillán, estas advertencias ya encuentra total asidero y en el Tribunal de Familia hablan derechamente de “colapso”.
El término fue usado por el administrador de este juzgado, Felipe Catalán, quien explica que “por primera vez en nuestra historia, nos encontramos llegando a fin de mes con escritos pendientes. Antes, a lo mucho, podíamos tramitar una causa en un par de días, ahora ya nos demoramos semanas, y eso los usuarios lo resienten”.
De hecho, usuarios acusan que algunas causas que fueron iniciadas en 2024, recién están siendo tramitadas este año.
En cifras, lo denunciado por Catalán se respalda al ver que en 2019, cada mes ingresaron 64.960 solicitudes; en 2020 fueron 70.771, en 2021 se promedio 77.771 y en 2022 se aumentó a 92.654.
Sin embargo, tras la promulgación de la nueva ley, en 2023 llegaron 135.664 causas lo que volvió a aumentar a 175.254 el 2024.
Esto representa un alza del 170% de causas. “Y el problema es que nosotros seguimos siendo los mismos funcionarios de siempre”, acusa el administrador.
No solo en Familia
La sobrecarga de causas no solo es algo que afecte al tribunal de Familia, ya que tanto el Ministerio Público, como el Tribunal Oral en lo Penal e incluso los ministros de la misma Corte de Apelaciones de Chillán, han hecho público el estar trabajando con una efectividad de, al menos, un 40% menos que años anteriores, a causa de la falta de funcionarios para asumir esta creciente demanda.
Mientras en el Tribunal Oral en lo Penal se apela a la necesidad de crear una nueva sala, con un nuevo trío de magistrados (y no seguir solicitando jueces de otras plazas de manera temporal), en la Corte de Apelaciones se ha planteado, tanto al Poder Judicial, como a los parlamentarios de la República, la necesidad de crear una segunda sala permanente.
Y en cuanto a la fiscalía, la de Ñuble, con la reciente destitución de uno de los fiscales adjuntos de Chillán, llegó a una planta de 11 persecutores, lo que representa una tasa menor al promedio nacional y una sobrecarga de caso 2.900 carpetas por fiscal.
“Evidentemente, nosotros también hemos hecho gestiones y se ha tenido reuniones con las autoridades para ver si se nos puede ayudar contratando más personal, pero desafortunadamente, no están los recursos”, comentó Felipe Catalán.
El administrador precisó que conforme a los análisis realizados este último año, para poder absorber la carga laboral actual se requiere de, a lo menos, dos jueces más, cerca de ocho funcionarios de perfil administrativo, además de otros cinco dedicados solamente a la atención de público, lo que sin embargo, no asoma como una solicitud posible, “no al menos en lo que queda de este Gobierno”, añadió.
Dentro de los riesgos más adivinables, surge una tramitación cada vez más dilatada, el aumento de presentaciones de licencias siquiátricas por sobrecarga laboral y una menor eficiencia en los trabajos diarios del tribunal.
“El Poder Judicial ha hecho esfuerzos, pero no son suficientes. Nosotros hemos tenido que muchos sacrificios personales, también, entonces el impacto ha sido enorme para poder sobrellevar y manejar este nuevo escenario”, añadió el funcionario.
