En un giro significativo del caso de los fondos incautados a Augusto Pinochet en 2004, más de $3 mil millones han sido transferidos recientemente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Esta medida se enmarca en la investigación del patrimonio del dictador, conocido como el Caso Riggs, después de que los herederos de Pinochet no presentaron ningún reclamo en el plazo de seis meses estipulado por la ley.
La Corte Suprema, en 2018, determinó que la familia Pinochet debía traspasar al Estado US$ 1,6 millones, argumentando que eran “terceros responsables” y que el dictador había participado en conductas que implicaban la sustracción de caudales públicos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, que pusiera a disposición de la CAPJ los fondos retenidos, solicitud que fue aceptada en 2020.
A pesar de que la sentencia se volvió ejecutoria en agosto de 2022, la transferencia de los fondos se retrasó debido a medidas precautorias impuestas por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago en respuesta a una demanda presentada por el CDE.
