De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el último trimestre cerró con una tasa de desempleo que alcanzó un 12,9% en el país y un 11% en Ñuble.
De manera paralela, la Confederación Nacional de Trabajadores de Comercio (Conatracops) encargó un estudio a Orígenes Consultores, quienes determinaron que en este año se han perdido 1.500.000 empleos y hay 800.000 trabajadores suspendidos, de los cuales 400.000 y 200.000, respectivamente, corresponden hasta ahora al sector comercio y servicios.
Y en Ñuble, la estimación hecha para el mismo periodo 
cifró en 24 mil 670 el número de desocupados, equivalente a una tasa de desempleo de 12,1%, superior en 1,8 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, pero que esconde una cifra mucho mayor, si se considera que en los últimos 12 meses se han perdido 34 mil 960 puestos de trabajo y que de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, al 13 de septiembre pasado, 10.415 trabajadores mantienen sus contratos suspendidos acogidos a la Ley de Protección del Empleo.
Pese a lo anterior, los ingresos de causas por despidos que ha registrado este año el Juzgado del Trabajo de Chillán, han sido menores en número que los que a la fecha resgistraba el 2019, con cerca de un 8% menos, según estadísticas de ese tribunal.
A juicio de la magistrado Alejandra Ceroni, del Tribunal Laboral, estas estadísticas están lejos de representar causas que lleven al optimismo.
“Si bien es cierto que los ingresos bajaron, en primer lugar, no se trata de una disminución muy considerable en relación a lo que teníamos el año pasado a la misma fecha, y entiendo que se debe al estado de excepción en el que nos encontramos, y especialmente, a lo dispuesto por la Ley 21.266, que suspende las clases de caducidad de las acciones y prescripciones. Además, se debe tener en cuenta que comunas como Chillán, Chillán Viejo y, ahora, Coihueco, que han pasado por cuarentenas, ha dificultado que aquellas personas que han sido desvinculadas puedan realizar sus trámites”, explica.
Por lo anterior, en este tribunal plantean que es altamente probable que, terminado el estado de excepción, la cantidad de causas por despidos que ingresen sea mucho mayor a la que se presentan de manera cotidiana.
“De hecho, es lo que pensamos que es lo que va a suceder, sumado a que también el periodo en que los trabajadores y empleadores han suspendido la relación laboral, de alguna manera esos plazos ya se están terminando, y estamos esperando un ingreso importante de causas. Personalmente, estimo que sería entre un 30 y un 40% más de ingresos sobre lo que nosotros tenemos en un año normal”.
Cuando acabe el subsidio
El jefe de la Dirección del Trabajo de Chillán, Gonzalo Alonso, concuerda con el parecer del tribunal laboral en que en efecto, ha habido menos ingresos de denuncias por despidos injustificados.
Sin embargo, añade otra variable de peso, aparte de lo que significan las restricciones sanitarias como la pandemia, ya que en el caso de esta entidad, y a diferencia de los juzgados del país, los usuarios pueden realizar la mayoría de los trámites por Internet.
“Los despidos han bajado mucho en los últimos meses debido a la ley de Protección de Empleo, es decir hay muchos empleos que se encuentran suspendidos o con pactos de reducción de horas de trabajo, y no necesariamente finiquitados”, apunta.
Lo anterior se fundamenta en que esta ley le entrega los subsidios a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), lo que redunda en menos ingresos de finiquitos, cartas de despido y denuncias a la Dirección del Trabajo.
“Pero una vez que estos beneficios se acaben, porque la ley se ha ido alargando en el tiempo, no sabemos con exactitud lo que puede pasar con esas relaciones laborales. Nosotros tenemos un temor, una sospecha de que será en ese momento en que a muchos los van a despedir, porque se terminan los subsidios y no necesariamente las empresas se encontrarán en las mismas condiciones en que estaban antes que se iniciara la pandemia”, postuló Alonso.
Actualmente, se estima en más de diez mil los trabajadores de la región que hoy están acogidos a la Ley de protección del empleo y que están haciendo uso de su seguro de cesantía.
Un estudio realizado por el Banco Central a nivel nacional estimaba que alrededor de un 50% de las empresas no reincorporará a los trabajadores suspendidos, por lo que la cifra de desempleo puede verse afectada.
Cabe destacar que para efectos estadísticos las personas acogidas a la Ley de protección del empleo son consideradas ocupados ausentes y por tanto, no se contabilizan como desocupados.
Al menos, desde el Gobierno, han explicado que si ocurre dicho evento, debiese ser temporal y su efecto moderado por la política de gobierno de extender los beneficios frente a un ambiente sanitario adverso. Sin perjuicio de lo anterior, hay un número considerable de personas que salieron de la fuerza de trabajo a la espera del término de las medidas de restricción. Dicho retorno al mercado del trabajo, efectivamente puede sobrepasar la capacidad de recuperación del mercado laboral. Empero, es un fenómeno de corto plazo que debiera revertirse en poco tiempo.
Hay menos quejas
Pero si han bajado los despidos, debido a la ley de Protección de
l
Empleo, en la Dirección del Trabajo, también constatan que han bajado los reclamos.
“Esto es porque la gente está valorando más su trabajo. Después de todo lo que ha pasado con los despidos a causa de la pandemia, la gente se queja menos. Antes, los trabajadores eran un poquito más quisquillosos, se quejaban mucho por cómo los trataban, denunciaban cosas como que los casinos de sus trabajos no cumplían con las normas, que les debían algunas horas extras, que no se había pagado algún bono de acuerdo al monto acordado. Había mucha denuncias por este tipo de detalles, lo que hoy ha bajado porque la gente está cuidando mucho más la pega”.
Alonso descarta que la baja de quejas se deba, precisamente, a que se acuda menos a la sede de la Inspección por las restricciones sanitarias.
“Hoy estos trámites se pueden hacer online, a través de la página, o nos pueden enviar un correo, los que siempre son contestados. Esto ha favorecido la autoatención, porque nosotros los vamos guiando, por ejemplo, les decimos qué tipo de documentos deben subir y así su proceso va avanzando”.
99% a favor del empleado
Cada vez que ingresa una denuncia por despido injustificado a la Inspección del Trabajo, lo que se hace es buscar una mediación entre las partes, la que generalmente se resuelve con acuerdos económicos.
Si éstas no prosperan, la disputa debe terminar en un litigio judicial en el Juzgado Laboral.
“Y yo diría que en un 99% de las causas en las que se invoca el despido por necesidades de la empresa, se termina acogiendo la demanda del empleador”, advierte la magistrado Ceroni.
Según la colegiada, esto se debe a que “generalmente esta causal, que es la que más se invoca en materia de despidos, no viene acompañada de los documentos o certificaciones técnicas que demuestren que la empresa no se encuentra en las condiciones económicas para seguir pagándole a su empleado, y contar con esos documentos es parte de las exigencias que hace el tribunal”.
La jueza añade que en los fallos que favorecen al empleado se resuelve, conforme a lo que establece la ley, un aumento del 30% de la indemnización por años de servicio del empleado “y la devolución del seguro de cesantía, que generalmente las empresas le descuentan a sus trabajadores”.
Hoy en día, se ha mantenido la tendencia de los años previos a la pandemia respecto a que en general son los dueños de las Pymes o bien particulares que contratan personas para las labores domésticas, quienes tienden a buscar acuerdos prejudiciales con los desafectados.
Una de las razones que plantean en el a Dirección del Trabajo para este fenómeno es que se intenta evitar un juicio por los costos asociados que estos tienen (entendiendo que se debe contratar el patrocinio de un abogado, por ejemplo) y el tiempo que requiere en tramitaciones.
A diferencia de ellos, las grandes empresas cuentan con departamentos jurídicos estables y que se dedican a este tipo de conflictos.
En Ñuble, la evidencia muestra que son precisamente las Pymes las que más se han visto golpeadas por la crisis sanitaria y se prevé que siga habiendo quiebras para este segmento empesarial.
Hombres y mujeres
Las cifras del INE, a nivel nacional indican que entre los segmentos más afectados por la actual crisis destacan las mujeres y los jóvenes.
Según la última medición del INE la tasa de desempleo de las mujeres en Ñuble es del 13,5% y de los jóvenes (personas menores de 26 años) es 22%.
Pese a lo anterior, las denuncias por despidos injustificados que ingresan a la Inspección del Trabajo tienen un histórico que apunta a un 60% de casos presentados por hombres y un 40% por mujeres.
Actualmente, y en el contexto de la pandemia, esa proporción no ha presentado mayores variaciones.
Acuerdo o juicio
Llegar a acuerdos prejudiciales evita, como se ha dicho, el costo de un juicio y el tiempo que se debe invertir en ellos, aún a riesgo de perderlo, por bajo que éste sea.
Por otro lado, Claudio Cusacovich, abogado especialista en materia laboral advierte que “pero un acuerdo laboral generalmente consiste en aumentar un poco más la indemnización, pero a cambio, se acuerda no devolver lo descontado por el seguro de cesantía, por lo tanto el empleado, comúnmente, pierde su AFC”.
Un juicio laboral puede tardar, conforme a la experiencia del jurista, entre seis meses y un año, dependiendo de la complejidad del caso.
“Normalmente los abogados trabajan estas causas sin cobrar honorarios, a menos que se logre un buen resultado en el juicio. Sólo ahí se suele cobrar un porcentaje que va entre un 20 y un 30% de lo que estipule el tribunal, y en este sentido se considera que debe aumentar en un 30% la indemnización -en cambio en los acuerdos prejudiciales es cuando mucho, un 15%- y además, la devolución del seguro de cesantía”, detalla.
