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El hecho, ya acreditado por peritajes policiales, de la adulteración de las placas patentes, para poder hacer circular una máquina que no fue aprobada para prestar servicios de transporte de pasajeros por parte del Ministerio de Transportes, es para esta cartera un “hecho gravísimo y por la que ya se iniciaron las acciones pertinentes”.
Las palabras son de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Bárbara Kopplin, quien adelantó a LA DISCUSIÓN que “el Ministerio está en este momento realizando las acciones para cancelar los permisos para la operatividad de esa empresa, mediante un proceso administrativo”.
Ese trámite debe iniciarse en la Seremi de Transportes de Maule, considerando que la máquina que ocasionó el accidente estaba registrada en esa región.
Y a partir de hoy, la empresa tiene un plazo de cinco días para hacer los descargos en pos de evitar la drástica sanción.
Una vez concluido el plazo, se emite una resolución en base al decreto 212, que es el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.
Luego, los trámites los deberá continuar la Seremi de Transportes de Chillán.
Bárbara Kopplin agregó que “en este momento estamos reuniendo los antecedentes para entregar una respuesta pública con todos los procesos que se están iniciando a nivel central, pero sí entendemos que la empresa debe ser notificada al respecto a partir de ahora”.
Talleres allanados
La Fiscalía Regional de O’Higgins ordenó a carabineros de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Rancagua realizar dos allanamientos a los talleres y aparcamientos que la empresa chillaneja de transportes Línea Azul tiene tanto en Santiago como en la capital regional de Ñuble.
Esto luego del accidente del pasado lunes 29 de julio, en San Francisco de Mostazal (Región de O’Higgins) que causara la muerte de seis personas y dejara otras decenas de lesionados, entre ellos a tres con riesgo vital y que derivó en la detención del chofer de esta empresa, Edison Aedo Recabal, formalizado el día de ayer por los delitos de cuasidelito de homicidio y de lesiones graves.
La intervención a los talleres, que se produjeron casi de manera simultánea en ambas ciudades, tuvo por objeto retirar ciertos elementos claves para la investigación que lleva el fiscal rancagüino, Javier Von Bischoffhausen, como los controladores de velocidad y además elevar un informe sobre la correlación entre los buses y la placas patentes que estos utilizan.
De esta manera, el Ministerio Público envió una señal más que explícita respecto a que para ellos, este accidente fatal no será investigado como un incidente puntual.
Desde la Fiscalía rancagüina explicaron que las indagaciones se realizarán a absolutamente toda la cadena existente entre la alta dirección de la empresa hasta el encargado de las mantenciones de los buses y al propio chofer.
“Esta investigación está recién comenzando, por lo que entendemos que las responsabilidades se extenderían a más personas. Si habrá más detenidos o no, eso se determinará conforme al mérito de la investigación”, zanjó.
Intercambio de patentes
Von Bischoffhausen hizo mención a que las placas patentes del bus accidentado en San Francisco de Mostazal no correspondían a las de esa máquina, sino que eran de un bus siniestrado y en desarme que se encuentra en Chillán, con participación en otros dos accidentes, en 2010 y 2012, en las localidades de Pelequén y en Molina (Región del Maule), antecedentes que también fueron acreditados en la formalización de Aedo Recabal.
Las placas patente del bus accidentado en la madrugada del lunes se le instalaron al bus dado de baja. Esto, porque la máquina siniestrada no contaba con los permisos del Ministerio de Transportes para circular, por no estar en regla.
“Ese trabajo se le encargó tanto a la SIAT como a la SEBV (Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos) de Carabineros, mediante una tarea bastante sencilla, como es el corroborar que coincidan los números de la placas patentes con los del chasis. En otras palabras, estamos hablando de un bus que no tenía por qué haber estado circulando por las carreteras de Chile”, dijo el persecutor.
200 días de investigación
La formalización del conductor de Línea Azul dio pie para que, entendiendo los alcances de las indagaciones que se pretenden realizar en contra de la empresa, la Fiscalía solicitará un plazo de 200 días de investigación judicial, lo que fue concedido por el Juzgado de Garantía de Graneros.
“Hay que entender que se busca contar con los plazos para conseguir las certificaciones del Servicio Médico Legal (SML) y de los respectivos centros de salud que atendieron a estas más de 40 personas, pero también se encuentran pendientes una serie de peritajes de orden técnico-mecánicos e incluso metalúrgico”, detalla.
Como ejemplo, en el Ministerio Público citaron problemas en la barra de estabilización del bus siniestrado, que ya venía fisurada y con óxido.
Esta, según los peritajes de la SIAT, se quebró minutos antes del accidente “y eso unido con el exceso de velocidad causó la imposibilidad para que el chofer controlara el móvil”, añadió el representante del Ministerio Público.
Un panorama complejo para la empresa ñublensina. Pese a los intentos de LA DISCUSIÓN por conseguir las reacciones de la firma, esto no fue posible, ni de manera personal ni telefónicamente.
