15 años cumplirá la Ley de Transparencia o Ley 20.285, promulgada en agosto de 2008, que permite, por dos vías, que la ciudadanía acceda a toda la información sobre el funcionamiento, gastos, compras y remuneraciones en las diferentes instituciones del Estado.
Una es la Transparencia Pasiva, donde cada ciudadano debe actuar solicitando la información, ya sea personalmente, vía carta o por formato electrónico, para recibir una respuesta, en casos justificados, en un máximo de veinte días después de ser solicitada. La otra es la Transparencia Activa, que obliga a los organismos públicos que publiquen toda su información en sus respectivos sitios web.
Respecto a esta última, en los planos regional y local hay avances y el cumplimiento es bastante alto. En términos generales, en estos 15 años se constata una paulatina superación de las instituciones del Estado, también de los municipios, aunque no de todos, en algunos casos por limitaciones de recurso humano, pero en otros derechamente por falta de voluntad para entregar información clara y oportuna.
Otro aspecto preocupante es la poca información y en consecuencia el bajo ejercicio real que los ciudadanos hacen de este derecho. En diferentes encuestas, el conocimiento de la gente sobre la existencia de la sección de Transparencia Activa o Gobierno Transparente en los sitios web institucionales no supera el 15%.
Desde un punto de vista práctico, uno de los defectos que ha presentado esta débil intervención de las personas ha sido la dificultad que ellos mismos ven para poder formular de manera adecuada las consultas y solicitar información a los entes gubernamentales. Dicho de otra forma, lo que ocurre es que el titular de un derecho no lo ejerce. Y no lo hace porque la transparencia activa se ha transformado en un conjunto de acciones centradas principalmente en llenar planillas que no se comprenden.
Evidentemente, así cuesta mucho más empoderar a la población en un rol que no tiene costumbre de ejercer, más aún cuando las señales que se emiten desde los propios fiscalizados son en algunos casos confusas o demasiado técnicas, ajenas totalmente a la experiencia del usuario.
En definitiva, este comportamiento -de muy bajo involucramiento de la ciudadanía en la fiscalización de sus autoridades y gran desconocimiento de los derechos que pueden ejercer para cumplir este rol- hace que nuestro país tenga un debilitado capital social, ya que uno de los pilares de las sociedades avanzadas es precisamente un fuerte compromiso de la comunidad en la gestión pública, lo que se logra a través de la fiscalización, el acceso a la información y la disposición de las autoridades para dar pronta respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.
La transparencia es fundamental en un Estado moderno, porque asegura simetría de información entre los ciudadanos y los servicios públicos, permitiendo el siempre necesario control social. Más transparencia y más información significan más honestidad y menos corrupción, más efectividad en la gestión pública y menos burocracia y negligencia.
