Entre los últimos movimientos y actualizaciones en Contraloría, se cuenta la creación de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades con un fin claro y delimitado: monitorear el ordenamiento jurídico de esas instituciones, fiscalizar el principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público.
De acuerdo a la resolución emitida por el ente contralor, donde se explica el detalle de esta nueva división fiscalizadora, la iniciativa se tomó debido a que hay diversos equipos dentro de la institución que solo tienen labores de soporte y coordinación, por lo que, en base al objetivo de “optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles” se creó este nuevo estamento.
La función principal tendrá por objetivo fiscalizar y velar por el cumplimiento del buen uso de recursos públicos y del ordenamiento jurídico, tanto de los Gobiernos Regionales como de las diversas administraciones municipales del país.
De tal manera, sus funciones se desglosan en 17 puntos. Algunos de ellos explican que este nuevo estamento deberá establecer directrices o lineamientos generales que orienten el ejercicio de las funciones jurídicas y de auditoría e inspección de Contraloría para con los Gores y gobiernos locales.
Detectar, informar y alertar a la jefatura de servicio, acerca de riesgos que existan tanto en la normativa, como en las políticas, planes, programas u operaciones propias del ámbito municipal o de los Gores, proponiendo así mejoras y controles.
Efectuar estudios de constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y resoluciones emanados de autoridades administrativas; examinar las cuentas de ingresos y gastos de los Gobiernos Regionales y de las municipalidades; efectuar auditorías, investigaciones especiales, inspecciones, seguimientos a dichas instituciones, entre otras funciones.
Este nuevo estamento fiscalizador tendrá por tarea monitorear, detalladamente, todo aquello que con el estallido del Caso Convenios se criticó.
