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Uno de los factores que ayudan a un involucramiento más activo de las personas en la cuestión pública es la información con que cuentan, el acceso a ella y la burocracia que permite canalizar las opiniones y necesidades ciudadanas de manera rápida y oportuna.
En ese sentido, la Ley de Transparencia, promulgada hace ya 15 años fue un acierto, ya que ha permitido que cualquier persona solicite información a los servicios públicos, y establece obligatoriedad en cuanto a la publicidad de una serie de elementos de gestión a través de plataformas digitales, a las que también cualquier persona tiene acceso. Mientras que en el caso de los medios de comunicación, ha permitido la realización de investigaciones que han desvelado casos de corrupción y alto interés público.
Sin embargo, siendo un paso muy positivo, se requiere continuar avanzando en algunos aspectos. Por ejemplo, convendría revisar las causales de reserva que se han mal utilizado para no entregar información. El año pasado el Consejo para la Transparencia tuvo que enfrentar cientos de juicios, dado que por diversas causales, hay organismos que presentan recursos ante la justicia para no entregar información. Sin embargo, en un 86% de los recursos ante instancias judiciales -que alcanzaron un total de 242 entre recursos de queja y reclamos de ilegalidad- se ratificó lo decidido por el Consejo.
Igualmente, después de 15 años sería muy positivo equiparar las obligaciones de transparencia y derecho de acceso de la administración del Estado a los órganos autónomos, principalmente al Congreso que, a punta de episodios de corrupción y encubrimientos, hoy es la institución más desprestigiada del país.
Otro aspecto en el que se está al debe, tras 15 años de vigencia de la Ley de Transparencia es la formación, educar para que la gente conozca y ejerza sus derechos y responsabilidades, ya que en la medida que exista más y mejor formación cívica, habrá también mejores ciudadanos y más comprometidos con el bien común. A nivel de comunicación pública, la pregunta que en esta primera etapa no ha tenido una respuesta satisfactoria es cómo la información que se entrega por transparencia activa puede ser realmente útil para la ciudadanía, en formatos simples y lenguaje claro.
Un reciente análisis macroeconómico del capital social chileno, realizado por la OCDE (2022), concluye que nuestro país presenta bajos niveles de participación, y las personas tienen poca costumbre de hacer valer sus derechos.
Por esta razón, el Estado ha asumido en parte ese rol a través de un fortalecimiento de las superintendencias, que son organismos fiscalizadores de determinadas actividades económicas o servicios públicos, como la Salud, Educación, Pensiones, Isapres, Comunicaciones, entre otras.
Es positivo que el Estado asuma una función más activa para la entrega de información, pero se debe tener cuidado que esta intervención no se extreme y se traduzca también en un paternalismo en la defensa de derechos individuales que no contribuye en nada a una sociedad civil más empoderada.
