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El Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Ñuble ha hecho efectiva hasta el mes de marzo del año en curso, tres expulsiones de hombres extranjeros de nacionalidad colombiana, venezolana y turca, en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones Regional. Las personas, residían en la Región de Ñuble y cometieron delitos por los cuales mantenían penas efectivas en el Centro de Reclusión de la comuna de Chillán.
El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Cristian Parraguez Leiva, informó que “este tipo de procedimiento es parte de nuestra labor como PDI, corresponde a temas de control migratorio del cual somos los responsables de ejecutar; como es el de ubicar a las personas extranjeras infractoras de ley y ponerlas a disposición de los organismos pertinentes”.
Asimismo, el jefe regional manifestó que “además participamos del proceso final, al escoltar a las personas hasta sus países de origen, asegurando de esta forma que se concrete la expulsión total, dar tranquilidad a la ciudadanía y se garantice la seguridad migratoria”.
Entre las razones, para las expulsiones judiciales de las personas extranjeras que abandonaron el país desde la Región de Ñuble, está el tráfico de drogas, abuso sexual y amenazas en violencia intrafamiliar.
Vuelo
El pasado 12 de enero, despegó de Chile el primer avión de la FACH que materializó expulsiones este 2024. En el vuelo viajaron 36 personas extranjeras expulsadas: 14 por orden administrativa y otras 22 por orden judicial, con sus respectivos escoltas.
Las primeras 21 personas abordaron en el grupo 10 de la FACH, en Santiago. Luego, el avión realizó una escala en Iquique, en base Los Cóndores, donde abordaron las 15 personas expulsadas restantes, junto a sus respectivos escoltas. El avión de la FACH despegó de Chile con destino a Guayaquil (Ecuador) y Bogotá (Colombia).
Entre las razones para las expulsiones judiciales de las personas extranjeras que abandonaron el país, cuatro cometieron el delito de secuestro; ocho fueron expulsados por robo con violencia, tres por robo con intimidación, dos por porte ilegal de arma de fuego, dos por tráfico ilícito de drogas, uno por robo en lugar habitado, uno por hurto simple y una persona por incendio. De las personas expulsadas por orden administrativa, siete fueron por ingresar por paso no habilitado, cuatro por delitos asociados a la Ley 20.000, uno por tráfico ilícito de drogas, uno por robo en lugar no habitado y uno por robo por sorpresa.
Según nuestro marco legal vigente y la Política Nacional de Migración y Extranjería, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) dicta las expulsiones administrativas y es responsable de la logística, contratación de los vuelos y compra de pasajes para las expulsiones judiciales y administrativas.
Estas expulsiones son un trabajo coordinado con PDI, que es la policía encargada de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión, ya sea por vía aérea o terrestre, y escoltar a las personas a sus países de origen.
