El 23 de mayo. Todas las municipalidades de la Región de Ñuble quedaron incluidas en el registro difundido por la Contraloría General de la República, que reveló el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos que salieron del país entre 2023 y 2024.
El informe expuso una situación transversal en la región, sin comunas exentas, y marcó uno de los hitos más sensibles del año en materia de probidad administrativa.
El reporte formó parte de una investigación de alcance nacional que identificó a más de 25 mil funcionarios que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con reposo médico, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos y la evaluación de eventuales acciones judiciales. En Ñuble, los antecedentes permitieron dimensionar la magnitud del problema en distintos niveles del aparato público local
Entre los casos más emblemáticos figuró San Carlos, que acumuló 69 licencias cuestionadas al sumar municipio, Departamento de Educación y hospital. Le siguieron Chillán Viejo con 39, San Ignacio con 36 y Pemuco con 30, considerando diversas reparticiones comunales. También se registraron cifras relevantes en Bulnes, El Carmen, Quillón, Coihueco, San Nicolás, Quirihue y Chillán, además de comunas más pequeñas como Cobquecura, Portezuelo, Trehuaco y Ránquil.
A estos antecedentes se sumaron tres licencias vinculadas al Gobierno Regional de Ñuble y 53 correspondientes al SLEP Punilla Cordillera, confirmando que la situación alcanzó a áreas de salud, educación y administración pública.
Tras conocerse el informe, el Ministerio de Hacienda anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, con el objetivo de abordar el fenómeno desde una política pública coordinada y de alcance nacional.
Varias municipalidades iniciaron sumarios posteriores, incluso horas después de darse a conocer las graves irregularidades dentro de las entidades.
Casos como San Nicolás, Chillán, San Carlos, Ránquil y Ninhue destacaron por su rápida respuesta al iniciar los procedimientos correspondientes y las investigaciones posteriores.
En Ránquil, por ejemplo, más del 70% de los trabajadores incluidos en el listado entregado por la Contraloría ya no forma parte del sistema público, mientras que el resto continúa enfrentando procesos sumarios o tiene antecedentes derivados a la Compin y al Ministerio Público.
Precisamente estos fueron la punta del iceberg que comenzó a revelar que el origen de las indagatorias comenzó acá, en Ñuble.
